Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.— La consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) enfrenta cuestionamientos de vecinos de distintas alcaldías de la Ciudad de México, quienes denuncian falta de transparencia, espacios de participación limitados y posibles repercusiones sobre el impuesto predial por la actualización de los valores catastrales. Aunque el Gobierno capitalino sostiene que no habrá un aumento generalizado de este gravamen, la controversia mantiene bajo presión el proceso de discusión del instrumento metropolitano.
El descontento se manifestó el pasado 6 de octubre, cuando habitantes y personas integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria bloquearon durante más de tres horas la Calzada de Tlalpan. De acuerdo con información publicada por Proceso, los inconformes afirmaron que fueron convocados a un espacio de diálogo en el que no pudieron plantear de manera efectiva sus objeciones sobre predios baldíos, cobro del predial y aprovechamiento del suelo.
Entre los principales reclamos se encuentra la forma en que se organizaron las mesas de trabajo. Los participantes cuestionaron que su integración se realizara mediante votaciones a mano alzada y exigieron la publicación de la lista de asistentes y de la relatoría completa del encuentro. Para los vecinos, estos documentos permitirían verificar quiénes participaron, qué propuestas se presentaron y cuáles fueron consideradas durante la consulta.
Las inconformidades no se limitan a Tlalpan. También se han reportado protestas en Xochimilco y la suspensión de una sesión en Benito Juárez, de acuerdo con reportes periodísticos. Estas expresiones reflejan una disputa que no solo involucra el contenido técnico del programa, sino también la legitimidad del procedimiento utilizado para recoger las observaciones de la población.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la propuesta de fortalecer la recaudación del impuesto predial y avanzar, en una etapa posterior, hacia la actualización de los registros catastrales para aproximarlos a los valores de mercado. Según información difundida por medios como Radio Fórmula, este planteamiento ha alimentado el temor de que una modificación en la valuación de los inmuebles termine elevando la base gravable y, en consecuencia, el monto que pagan algunos propietarios.
Sin embargo, es necesario distinguir entre una actualización catastral y un incremento automático del impuesto. El efecto sobre el predial dependería de las disposiciones fiscales aplicables, las reglas de valuación y las decisiones que adopten las autoridades competentes. Por ello, la referencia a los valores de mercado no demuestra, por sí sola, que el programa establezca un aumento inmediato o uniforme para todos los contribuyentes.
La discusión también abarca las posibles medidas relacionadas con terrenos baldíos o subutilizados y el aprovechamiento del suelo urbano. Algunas críticas han advertido sobre eventuales consecuencias para los propietarios, incluida la posibilidad de presiones económicas para vender o desarrollar determinados predios. No obstante, cualquier afirmación sobre una venta forzosa debe sustentarse en disposiciones concretas y distinguirse de los objetivos de planeación que plantea el documento.
Ante la polémica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha descartado un aumento al predial en la capital. Por su parte, Morena en la Ciudad de México ha planteado modificar o retirar la redacción relacionada con la actualización de los valores catastrales, con el propósito de reducir la incertidumbre y aclarar el alcance de la propuesta, según reportes de 24 Horas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable del instrumento, también se encuentra en el centro de las exigencias de explicación pública. La discusión requiere precisar qué medidas contempla el programa, cuáles tienen carácter orientativo y cuáles necesitarían procedimientos normativos adicionales para convertirse en obligaciones aplicables a los gobiernos locales o a los propietarios.
El POZMVM se encuentra en consulta pública del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las autoridades deben recibir observaciones sobre el documento y explicar cómo se incorporarán las aportaciones ciudadanas. El alcance de la consulta dependerá, en buena medida, de que la población pueda acceder a información clara, presentar objeciones y conocer las respuestas institucionales.
Aunque las autoridades han señalado que el programa tiene una función de orientación metropolitana y no crea impuestos por sí mismo, esa explicación no resuelve automáticamente las dudas sobre sus posibles efectos futuros. La diferencia entre los objetivos de planeación y las medidas fiscales que eventualmente pudieran adoptarse debe quedar expresada de manera inequívoca para evitar interpretaciones contradictorias.
El principal desafío para Sedatu y los gobiernos involucrados consiste en garantizar que la consulta no se limite al cumplimiento de un calendario administrativo. Publicar las relatorías, transparentar las listas de asistencia, explicar los mecanismos de selección de participantes y responder puntualmente a las observaciones permitiría fortalecer la confianza pública y dar mayor certeza sobre el destino de las propuestas vecinales.
Con la consulta abierta hasta el 22 de noviembre, el debate sobre el POZMVM mantiene dos exigencias centrales: aclarar de manera formal que sus disposiciones no implican por sí mismas un aumento del predial y demostrar que las opiniones ciudadanas tendrán un cauce verificable. La respuesta institucional será determinante para establecer si el proceso logra construir acuerdos metropolitanos o continúa marcado por la desconfianza de los habitantes.
Fuentes: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Gobierno de la Ciudad de México; Proceso, 24 Horas y Radio Fórmula.
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