Por Juan Pablo Ojeda
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó con carácter de confidencialidad la lista de personas físicas y morales sujetas al congelamiento cautelar de cuentas bancarias en la investigación sobre contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda se negó a confirmar o desmentir de manera oficial si la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei forma parte del listado de activos bloqueados en el sistema financiero.
La determinación normativa ampara el sigilo procesal bajo el principio de secreto bancario y fiscal regulado en las leyes financieras del país. Los reportes técnicos del área de litigios de la dependencia señalan que revelar nombres específicos o números de cuentas integrados a la Lista de Personas Bloqueadas invadiría la privacidad y comprometería la eficacia de los procesos judiciales en curso.
El desglose presupuestal del expediente bajo escrutinio abarca auditorías a más de 40 cuentas pertenecientes a consorcios de proveedores comiciales. Sin embargo, la UIF declinó detallar el monto total del capital precautoriamente inmovilizado en las instituciones bancarias, argumentando que las cifras varían conforme se desahogan los requerimientos de información formulados por los apoderados legales.
Frente a las solicitudes de transparencia formuladas por diversos medios de comunicación, la autoridad fiscalizadora notificó que la inclusión de personas en la lista reservada responde exclusivamente a la detección de flujos atípicos de capital y no constituye una sanción administrativa o penal definitiva en esta etapa del procedimiento.
Los datos de operación del sistema financiero indican que los cuentahabientes notificados disponen de un plazo constitucional para comparecer ante las autoridades hacendarias y presentar los comprobantes de origen lícito de los fondos bloqueados antes de que los expedientes sean turnados a la Fiscalía General de la República.
La opacidad en la confirmación del estado financiero de la exconsejera presidenta contrasta con los informes preliminares emitidos por otras dependencias del Ejecutivo federal. Las comisiones del órgano regulador bancario mantendrán el sigilo sobre las determinaciones cautelares hasta que concluyan las etapas probatorias correspondientes.
El pronunciamiento formal de la UIF deja firme el estatus de confidencialidad de la lista, postergando la divulgación de las métricas exactas y nombres involucrados hasta que un juez federal ordene la apertura parcial de los folios institucionales en el desahogo de los juicios de amparo promovidos.
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