Por Juan Pablo Ojeda
La agrupación política SOMOS anunció que interpondrá una demanda formal por difamación en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la mandataria los vinculara públicamente con presuntas irregularidades presupuestales y administrativas al interior del Instituto Nacional Electoral (INE). La acción legal busca la rectificación pública y la reparación del daño moral causado a la imagen de la organización.
La controversia escaló tras las declaraciones emitidas por la titular del Ejecutivo durante su conferencia de prensa matutina, donde señaló a la agrupación de formar parte de una red de intereses beneficiada por contratos y asignaciones presupuestarias durante administraciones previas del órgano electoral autónomo. En respuesta inmediata, la dirigencia de SOMOS sostuvo que los señaamientos carecen de sustento probatorio y financiero.
Ante el anuncio de la demanda procesal, la presidenta Sheinbaum Pardo ratificó su postura en la misma tribuna pública, argumentando que sus declaraciones se fundamentan en hechos verificables y auditorías administrativas sobre los ejercicios fiscales del INE. La mandataria reiteró que las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en la organización de los comicios federales continuarán con estricto apego a la legalidad.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por los asesores jurídicos de SOMOS, la querella se radicará en los tribunales correspondientes bajo el argumento de que las expresiones presidenciales vulneraron el principio de presunción de inocencia y afectaron los derechos políticos de sus integrantes. La agrupación exige que se presenten las pruebas documentales de las imputaciones vertidas ante las autoridades ministeriales.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera y los órganos internos de control del INE no han emitido resoluciones definitivas sobre la apertura de procedimientos administrativos sancionadores relacionados directamente con la representación de SOMOS, manteniendo las carpetas bajo el estatus de revisión presupuestal ordinaria.
El diferendo legal se produce en el marco de la discusión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2027, donde el presupuesto asignado a la autoridad electoral ha sido objeto de recortes y reasignaciones por parte de la Cámara de Diputados, generando disputas entre el gobierno federal, el INE y diversos actores políticos.
Como antecedentes de este conflicto procesal, los litigios por declaraciones públicas entre la Presidencia de la República y agrupaciones o partidos de oposición han sentado precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos frente al derecho al honor de las organizaciones civiles.
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