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La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, que incluye un programa de verificación y comprobación del Servicio de Administración Tributaria dirigido a quienes tributan en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Sindicatos, donatarias autorizadas, partidos políticos, grupos religiosos, asociaciones civiles y municipios quedarían bajo esa lupa si el Senado da el visto bueno. La propuesta busca comprobar que los ingresos coincidan con el objeto de cada organización y que cumplan sus obligaciones específicas, en un momento en que fiscalistas advierten esquemas de facturación y actividades fuera de lo ordinario. La sorpresa llega porque durante años esas entidades operaron con dispensas que generaron la idea de que el fisco no las miraba.

El artículo trigésimo transitorio del dictamen manda al SAT implementar el programa y emitir reglas de carácter general con los criterios de revisión. Esas reglas podrían aparecer en la Resolución Miscelánea, una práctica que suele cerrarse en diciembre una vez que el Congreso termina su trabajo. Hasta entonces, las organizaciones tienen margen para ordenar papeles antes de que arranque el ejercicio 2027.

Fiscalistas consultados, entre ellos José Martín Aguayo, presidente de la Comisión Representativa ante la Procuraduría del Contribuyente del Instituto Mexicano de Contaduría Pública, señalan que el SAT tiene en la mira al menos 25 organizaciones que declaran ingresos y no pagan impuestos. La atención se concentra en sindicatos que realizan actividades ajenas a su objeto, como facturar servicios de transporte para traslados de agremiados sin enterar el gravamen correspondiente. ¿Cuántas veces se ha escuchado que “el sindicato no tiene que declarar”? Esa percepción es justo lo que la iniciativa busca corregir.

La medida forma parte de un paquete más amplio del Ejecutivo para combatir la evasión y la elusión sin crear nuevos impuestos ni subir tasas. En la exposición de motivos se recuerda que las dispensas actuales —como la exención de llevar contabilidad completa en el caso de sindicatos o las obligaciones limitadas de estados y municipios— no eliminan todas las responsabilidades fiscales. El objetivo declarado es igualar el trato ante la autoridad y reducir espacios de exclusión.

En 2025 el SAT revocó la autorización a 270 donatarias de un padrón que supera las 10 mil, principalmente por no acreditar actividades o por fallas en requisitos documentales. Algunas fueron vinculadas a esquemas de subcontratación. La autoridad ha sostenido que las decisiones son técnicas y que las organizaciones conservan el derecho de audiencia. El programa de 2027 extendería esa lógica de verificación de sustancia —no solo de formas— a un universo más amplio que incluye partidos y agrupaciones religiosas.

Desde febrero de 2027, sindicatos y partidos también deberán publicar mensualmente sus licitaciones, adjudicaciones directas y contratos, en lugar de hacerlo cada tres meses, según un acuerdo del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. La transparencia contractual y la fiscalización tributaria avanzan en paralelo.

Para las organizaciones, lo que cambia es la intensidad de la revisión: el SAT cruzará ingresos, gastos y destino de recursos contra el objeto social. Quienes dependan de donativos deducibles deberán demostrar de forma permanente que los usan en las actividades autorizadas. Los partidos y grupos religiosos enfrentarán el mismo estándar de congruencia. La recomendación práctica de los fiscalistas es realizar en lo que resta de 2026 una revisión preventiva integral de expedientes, contratos y flujos.

El cierre del ciclo depende del Senado. Si aprueba el dictamen, el programa entra en operación en 2027 con reglas que el SAT publicará. Si no, las dispensas actuales se mantienen. En ambos escenarios, el mensaje de Hacienda es el mismo: recaudar más cerrando huecos en lugar de crear cargas nuevas. La meta de ingresos tributarios se proyecta en un máximo histórico de 15.9 % del PIB.

Al final, la pregunta que queda en la mesa es sencilla y se puede hacer en cualquier junta o asamblea: si el SAT empieza a pedir cuentas de lo que entra y sale en sindicatos, donatarias y partidos, ¿quién tiene los papeles en orden y quién todavía confía en que “a nosotros no nos toca”?