Durante un recorrido de supervisión en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que el proyecto pretende fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda e identificación mediante espacios especializados para el resguardo, conservación, estudio y análisis de cuerpos y restos humanos.
El centro se construye sobre una superficie de 6 mil metros cuadrados y contará inicialmente con 2 mil 500 gavetas y 12 mil 384 osarios, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). El proyecto contempla además dos edificios y áreas destinadas a procedimientos forenses, así como infraestructura para tratamiento de aguas, captación pluvial, control de olores y bacterias, protección contra incendios y suministro eléctrico de emergencia.
Uno de los principales cambios que plantea la obra es sustituir el esquema tradicional de depósito en fosas comunes por un sistema de resguardo individualizado que permita conservar información y evidencias útiles para futuras identificaciones. La finalidad, de acuerdo con las autoridades, es que una persona fallecida que hoy no puede ser identificada pueda ser reconocida posteriormente mediante nuevas muestras genéticas, cruces de bases de datos, huellas u otros avances científicos.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, sostuvo que el centro permitirá preservar la trazabilidad de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas y mantener abiertas las posibilidades de restitución a sus familias. El planteamiento coloca la identificación forense como una parte del proceso de búsqueda y no únicamente como una etapa posterior al hallazgo de un cuerpo.
En este punto se encuentra uno de los principales retos del proyecto: la construcción de infraestructura no garantiza por sí misma la identificación de las personas. Para que el centro cumpla su propósito será necesario mantener actualizados los registros, realizar cruces de información, obtener y conservar muestras genéticas, localizar familiares y asegurar la coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda, procuración de justicia y atención a víctimas.
La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que el nuevo modelo responde a una demanda planteada durante años por familias y colectivos de búsqueda. Su titular, Luis Gómez Negrate, explicó que el carácter “temporal” del centro busca evitar que los restos permanezcan indefinidamente sin identidad y plantea como objetivo final lograr su identificación y restitución a sus familias.
El proyecto forma parte de los 30 compromisos iniciales asumidos por el Gobierno capitalino para fortalecer la política de búsqueda. Brugada informó que estos compromisos presentan un avance global de 83 por ciento; la Fiscalía capitalina señaló, por su parte, que 20 están cumplidos y 10 permanecen en proceso.
Entre las acciones reportadas por el Gobierno de la Ciudad de México se encuentran la operación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda, la concentración de más de 300 servidoras y servidores públicos, la instalación de un gabinete de búsqueda de alto nivel, el fortalecimiento presupuestal de la Comisión de Búsqueda y el incremento de las acciones en campo y mediante análisis de patrones.
La propia administración capitalina ha señalado que mantiene reuniones con familias y colectivos para revisar los avances y atender sus exigencias. Este componente será relevante para evaluar el funcionamiento del nuevo centro, particularmente porque el cumplimiento de los compromisos debe traducirse en resultados verificables en materia de localización, identificación y restitución, además de infraestructura.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, destacó que la identificación forense debe considerarse también como un acto de justicia y como una vía para garantizar la dignidad póstuma y el derecho de las personas a ser identificadas.
La administración capitalina prevé concluir la obra durante los primeros meses de 2027 y posteriormente entregarla al Poder Judicial de la Ciudad de México. Mientras tanto, el desafío será garantizar que la inversión de 142 millones de pesos se traduzca en una capacidad forense permanente, con procedimientos trazables, información confiable y resultados que puedan ser evaluados por las familias de personas desaparecidas y por la sociedad.
Más allá de las dimensiones de la infraestructura, el nuevo centro plantea un cambio en la forma en que la Ciudad de México pretende atender a las personas fallecidas cuya identidad permanece desconocida. Su alcance final dependerá no sólo de la capacidad física para resguardar cuerpos y restos, sino de la coordinación institucional, la aplicación de métodos científicos y la continuidad de las investigaciones hasta lograr una identificación.
Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
