Los acuerdos fueron difundidos el 21 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como parte de las acciones institucionales de búsqueda e investigación. De acuerdo con los avisos, la recompensa puede dividirse entre información que permita localizar a la víctima y aquella que contribuya a identificar, localizar, detener, aprehender o poner a disposición de la autoridad a los probables responsables.
El monto máximo establecido es de 500 mil pesos por cada caso. Hasta 250 mil pesos pueden corresponder a información veraz y útil que ayude directamente a localizar a la persona buscada, mientras que otros 250 mil pesos pueden otorgarse por datos que contribuyan a avanzar en la investigación y en la identificación o captura de quienes pudieran estar involucrados.
Entre las personas cuya localización se solicita se encuentran María Camila Díaz Grajales, Rodrigo Ricardo Rico Fernández, Fernando Bravo Villanueva, Luis Oscar Ayala García, Yanet Zepeda González, David Pineda Rosas, Ariel Espinosa Fuentes, Eduardo Espinosa Fuentes y Ángel Moreno Mosco, además de una víctima de secuestro incluida en los avisos publicados por la Fiscalía.
La convocatoria forma parte de un mecanismo institucional que la FGJCDMX utiliza para incorporar información ciudadana a investigaciones relacionadas con personas desaparecidas y delitos de alto impacto. Los acuerdos establecen criterios para determinar la procedencia y, en su caso, el monto de la recompensa, tomando en cuenta factores como la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de los datos proporcionados.
La Fiscalía señala que las personas interesadas pueden proporcionar información de manera confidencial. Para estos expedientes se habilitaron canales institucionales de contacto, entre ellos el correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx y el teléfono 55 5345 5400, además de la atención presencial en las oficinas señaladas en los respectivos acuerdos.
La propia FGJCDMX ha reportado que sus estrategias de búsqueda incluyen jornadas territoriales, participación de distintas instituciones y células especializadas para localizar a personas desaparecidas o no localizadas. En documentos institucionales, la Fiscalía ha señalado que estas acciones han permitido localizar con prueba de vida a miles de personas y que se busca mantener y reforzar las jornadas de búsqueda.
Los acuerdos también establecen restricciones para el acceso a las recompensas. Entre ellas se contempla que determinadas personas servidoras públicas vinculadas con tareas de seguridad, procuración o administración de justicia, así como algunos de sus familiares, no pueden beneficiarse de estos mecanismos bajo las condiciones previstas en los acuerdos.
El uso de recompensas coloca nuevamente la participación ciudadana como un componente de las investigaciones de desaparición y secuestro. Sin embargo, la entrega del recurso no es automática: la información debe ser corroborada por la autoridad y demostrar que contribuyó de manera efectiva al objetivo establecido en cada convocatoria.
La FGJCDMX mantiene mecanismos institucionales para la recepción y seguimiento de información, por lo que cualquier persona que cuente con datos relacionados con alguno de los casos debe utilizar los canales oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda afectar las investigaciones o la privacidad de las familias.
Fuentes: FGJCDMX y Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
