El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, planteó que las alcaldías pueden desempeñar un papel más activo en la atracción de inversión privada mediante reglas claras, certeza jurídica, seguridad y simplificación de trámites, aunque reconoció que buena parte de las decisiones fiscales y regulatorias corresponde a otros niveles de gobierno.
Durante su participación en el Foro América Libre, realizado en la Ciudad de México, Orvañanos sostuvo que la generación de empleos requiere condiciones que permitan la participación de empresas de todos los tamaños, desde pequeños establecimientos hasta grandes proyectos de inversión. El planteamiento coloca a la gestión administrativa local como uno de los factores que pueden facilitar o dificultar la actividad económica.
El alcalde señaló que las autoridades locales tienen margen de acción a través de la gestión de permisos, autorizaciones y servicios, aun cuando no tengan atribuciones directas sobre todas las variables económicas. En ese sentido, consideró que los procedimientos deben ofrecer certidumbre a quienes buscan instalar un negocio, ampliar sus operaciones o desarrollar proyectos inmobiliarios.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue que la simplificación administrativa debe aplicarse sin importar el monto de la inversión. Bajo ese criterio, tanto la apertura de un pequeño comercio como la autorización de un proyecto de mayor escala tendrían que sujetarse a procedimientos transparentes, requisitos conocidos y criterios legales y de desarrollo urbano previamente establecidos.
En Cuajimalpa ya existe una Ventanilla Única de Trámites que concentra 26 procedimientos en cuatro categorías: construcción; documentos y certificaciones; comercio y espectáculos; y protección civil. La plataforma institucional establece que cada trámite debe contar con información sobre requisitos, costos, tiempos de respuesta y formatos, lo que representa un mecanismo concreto para reducir la incertidumbre administrativa.
La alcaldía también mantiene para 2026 convocatorias dirigidas al fortalecimiento de pequeños negocios y emprendimientos, entre ellas “Enchúlame el Changarro” y “Rífate por tu Emprendimiento”. La existencia de estos programas muestra que la estrategia económica local no se limita a la atracción de grandes capitales, sino que también contempla acciones orientadas a comerciantes y emprendedores de menor escala.
Sin embargo, el reto para cualquier política de simplificación consiste en equilibrar la reducción de cargas administrativas con la obligación de verificar el cumplimiento de las normas urbanas, ambientales, comerciales y de protección civil. El propio Orvañanos sostuvo que facilitar los trámites no debe significar eliminar capacidades necesarias para la operación de los gobiernos.
La discusión adquiere particular relevancia en Cuajimalpa debido a la presión inmobiliaria y comercial que enfrenta la demarcación. En septiembre pasado, habitantes de El Contadero denunciaron ante medios de comunicación presuntas irregularidades relacionadas con obras y desarrollo urbano; esas acusaciones corresponden a los vecinos y no equivalen por sí mismas a resoluciones de una autoridad competente.
Por ello, el planteamiento de atraer inversión mediante mayor certidumbre administrativa enfrenta una condición adicional: que la simplificación pueda ser comprobable en la práctica y esté acompañada de transparencia, vigilancia y cumplimiento de la normatividad. Para los inversionistas, reducir tiempos y trámites puede representar un incentivo; para la autoridad, el desafío es hacerlo sin generar vacíos de supervisión.
La propuesta presentada por el alcalde también coloca sobre la mesa el papel que pueden desempeñar las alcaldías en el desarrollo económico de la Ciudad de México. Más allá de las diferencias políticas entre gobiernos, la capacidad de ofrecer procedimientos previsibles, información pública accesible y servicios eficientes constituye un componente de la relación entre administración pública, ciudadanía y actividad empresarial.
En este contexto, la apuesta de Cuajimalpa por la certeza administrativa tendrá como principal referencia sus resultados: que los trámites sean efectivamente más claros, que los tiempos puedan verificarse, que las reglas se apliquen de manera uniforme y que la inversión sea compatible con las disposiciones de desarrollo urbano y protección del territorio. La discusión planteada en el Foro América Libre, por tanto, traslada el debate de los discursos sobre inversión a la capacidad cotidiana de los gobiernos locales para generar condiciones verificables de confianza.
