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La Jabalinada Por Bruno Cortés

La reforma sobre doble nacionalidad no sanciona la deslealtad, que ya es delito: sanciona ser binacional antes de gobernar.

La Cámara de Diputados aprobó el 22 de septiembre la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que obliga a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana antes de registrarse como candidato. Pasó con 344 votos en lo general, se desecharon las 226 reservas y ahora le toca al Senado. Si completa su camino, regirá desde el proceso electoral de 2028.

El discurso oficial es sencillo: quien gobierna debe tener un solo interés, el de México. Nadie discute eso. Lo que discuto es el método. Con esta reforma se castiga la condición, no la conducta.

La sospecha como punto de partida

La Presidenta lo dijo sin rodeos al presentar la iniciativa: cuando alguien tiene doble nacionalidad, «no está claro que su interés supremo sea el interés nacional». Ahí está el fondo del asunto. No se acusa a nadie de nada concreto; se presume deslealtad por una condición jurídica. Es legislar presumiendo culpa.

Y la deslealtad ya tiene castigo. Todo servidor público protesta guardar y hacer guardar la Constitución. El Código Penal Federal tipifica la traición a la patria. Existen el juicio político, la responsabilidad administrativa y los tratados internacionales que obligan al Estado mexicano. Un gobernador que sirva a intereses extranjeros puede ser juzgado con las leyes que ya tenemos, tenga uno, dos o tres pasaportes. La reforma no agrega una herramienta contra la conducta desleal; agrega una sospecha anticipada contra una categoría de personas.

La propia Presidenta reconoció que ha habido gobernantes con una sola nacionalidad que abrieron la puerta a la injerencia. La historia reciente lo confirma con creces: los gobernadores prófugos, procesados y encarcelados de las últimas décadas eran mexicanos y nada más. El pasaporte nunca fue el problema.

El votante sale sobrando

La segunda consecuencia es más delicada. La doble nacionalidad de un aspirante no es un secreto: se puede conocer, debatir y ponderar en campaña. Si un electorado sabe que su candidato es binacional y aun así le da el voto, esa es la confianza ciudadana que la democracia debería respetar. La reforma decide antes que el elector. Sustituye la confianza del votante por la sospecha del Estado.

Toda restricción a los derechos políticos tiene que demostrar que es necesaria y proporcional. Es el estándar que fijó la Corte Interamericana, por cierto, en un caso contra México. Esta reforma no lo demuestra: parte de una presunción y la eleva a requisito constitucional. Y cuando una ley tiene nombre y apellido, como admitió en tribuna una diputada de Morena, deja de ser norma general para convertirse en instrumento de coyuntura.

Ni siquiera cierra la puerta

Hay algo más. El gobierno propone que la renuncia se acredite ante autoridades mexicanas, con un procedimiento que todavía no conocemos. Pero México no puede quitarle a nadie la ciudadanía estadounidense: Washington solo reconoce la renuncia hecha ante sus propias autoridades. Si el trámite se queda en una declaración ante el INE, el candidato será «solo mexicano» en San Lázaro y seguirá siendo estadounidense en Washington.

Y aun si la renuncia fuera plena, la injerencia no viaja en pasaporte. Viaja en dólares. Lo vimos en junio de 2025 con CIBanco, Intercam y Vector: bastó un señalamiento del Tesoro estadounidense para que el sistema financiero mexicano se acomodara, sin que importara la nacionalidad de ningún funcionario. La economía mundial opera en dólares, y esa dependencia alcanza por igual a gobernantes con una o con dos nacionalidades.

Lo que está en juego

Millones de mexicanos adquirieron otra nacionalidad por necesidad: se fueron a trabajar y desde fuera sostienen a sus familias y buena parte de la economía del país. A ellos se les aplaude cada vez que llegan las remesas. Con esta reforma se les dice que, si aspiran a gobernar, su identidad binacional los vuelve sospechosos.

El Senado tiene la oportunidad de corregir. Si el objetivo es proteger la soberanía, que se persiga la conducta desleal con las leyes que ya existen y que se deje al ciudadano decidir en quién confía. Lo contrario manda un mensaje peligroso: que en México se puede perder un derecho no por lo que hiciste, sino por lo que eres.