Por Juan Pablo Ojeda
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves un acuerdo institucional y la firma de un convenio de colaboración con autoridades de seguridad e inteligencia federal para evaluar los antecedentes e idoneidad de las candidaturas que competirán en el proceso electoral de 2027. La medida busca prevenir la infiltración de grupos del crimen organizado en los puestos de elección popular federales y locales.
El protocolo contempla la revisión cruzada de bases de datos entre el órgano electoral, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La fiscalización abarca el rastreo de perfiles con orden de aprehensión vigente, carpetas de investigación abiertas por delitos de alto impacto y registros de operaciones financieras inusuales vinculadas al financiamiento ilícito de campañas.
Los datos presentados durante la sesión ordinaria señalan que la cobertura del esquema de evaluación alcanzará a más de 20 mil aspirantes a cargos de representación pública. El INE procesará la información técnica provista por los órganos de seguridad en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrega de las solicitudes de registro formal presentadas por los partidos políticos.
En materia de financiamiento, el mecanismo fija un rastreo prioritario sobre las aportaciones en efectivo recibidas por las precandidaturas en zonas clasificadas con alto riesgo de violencia delictiva. La meta operativa consiste en detectar con oportunidad transferencias no justificadas o triangulación de recursos privados que rebasen los topes preestablecidos por la norma electoral.
El marco normativo aplicable se sustenta en las atribuciones conferidas al INE por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar el principio de equidad y legalidad en la contienda. El convenio establece que la emisión de alertas rojas o amarillas sobre perfiles bajo sospecha será notificada a las dirigencias partidistas antes del arranque de las campañas oficiales.
Las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral coordinarán la logística con las 32 juntas locales ejecutivas del país para implementar el sistema de consulta en tiempo real. Esta infraestructura informática descentralizada permitirá a los consejeros distritales emitir fallos de procedencia con base en los dictámenes técnicos enviados desde la sede central en la capital.
El acuerdo fue respaldado por la unanimidad de los consejeros electorales, quienes formalizaron la creación de un comité de seguimiento permanente. Este cuerpo de trabajo sostendrá reuniones de evaluación quincenales con mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional para mapear las zonas críticas que requieran protección especial durante el desarrollo de los comicios.