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  • Sheinbaum pide al INE aclarar presuntas irregularidades en contratos millonarios

    Sheinbaum pide al INE aclarar presuntas irregularidades en contratos millonarios

    La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar las presuntas irregularidades en contratos millonarios con proveedores de materiales electorales y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el caso, debido a que involucra recursos públicos.

    Durante su conferencia matutina del martes 20 de octubre de 2026, la mandataria señaló que el organismo electoral debe transparentar la información sobre las contrataciones señaladas en una investigación periodística publicada por el diario Reforma el lunes 19 de octubre.

    “Lo primero, pues, es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, declaró Sheinbaum al referirse a los señalamientos sobre posibles irregularidades en las relaciones entre funcionarios electorales y empresas proveedoras.

    ¿Qué se sabe de los contratos señalados?

    La investigación periodística mencionada por la presidenta apunta a presuntas irregularidades relacionadas con Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas que, de acuerdo con la publicación, comparten propietarios y han obtenido contratos en distintos organismos electorales.

    Los señalamientos se relacionan con las contrataciones para suministrar materiales electorales, un rubro que incluye insumos necesarios para la organización de los comicios.

    Hasta el momento, las acusaciones deben considerarse presuntas irregularidades y no hechos acreditados. La aclaración de los contratos, sus condiciones y los procedimientos de adjudicación permitiría conocer el alcance de los señalamientos.

    Sheinbaum plantea que la ASF revise el caso

    La mandataria sostuvo que corresponde inicialmente al INE ofrecer explicaciones y hacer pública la información relacionada con las contrataciones. También propuso que la ASF intervenga si cuenta con atribuciones para fiscalizar los recursos involucrados.

    “Pues, en todo caso, sería, si es el caso, la Auditoría Superior de la Federación quien debería revisar porque son recursos públicos, son recursos del pueblo de México”, afirmó.

    La propuesta pone el foco en la transparencia del gasto público y en los mecanismos de revisión de los contratos celebrados por el organismo electoral. La intervención de la ASF, sin embargo, dependería del alcance de sus facultades y de los procedimientos aplicables.

    Papelería electoral y controles de seguridad

    Durante la conferencia también se abordó la contratación de materiales sensibles para los procesos electorales, como boletas y otros documentos elaborados con papel de seguridad, tintas invisibles y marcas de agua, elementos utilizados para dificultar su falsificación.

    En ese contexto, Sheinbaum anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) información sobre el proceso de consolidación de Talleres Gráficos de México desde el inicio de su administración.

    La mandataria planteó esta alternativa en el marco de la discusión sobre cómo fortalecer los controles de seguridad en la producción de papelería electoral. No obstante, la solicitud de información no implica por sí misma que se haya anunciado un cambio en el esquema de contratación del INE.

    ¿Qué sigue en el caso?

    El siguiente paso será conocer las explicaciones del INE sobre los contratos señalados y determinar si existen elementos para una revisión por parte de la ASF.

    También será relevante conocer la información que proporcione la Secretaría de Gobernación sobre Talleres Gráficos de México y el alcance que podría tener su participación en la producción de materiales de seguridad electoral.

    Por ahora, los señalamientos se mantienen en el terreno de las presuntas irregularidades reportadas por la prensa. La documentación de las contrataciones y, en su caso, los resultados de las revisiones correspondientes serán necesarios para establecer si existieron incumplimientos o responsabilidades.

     

  • Chofer de Guadalupe Taddei aparece como apoderado de proveedor del INE

    Chofer de Guadalupe Taddei aparece como apoderado de proveedor del INE

    El conductor de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades en sus contratos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma.

    Se trata de Jonathan Navarrete Torres, quien recibió un poder general para pleitos y cobranzas de la compañía en junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al equipo de Taddei como conductor, en abril de 2025.

    La información abre interrogantes sobre los vínculos entre personas relacionadas con la dirección del organismo electoral y empresas que han obtenido contratos en el sector. Sin embargo, la existencia de una representación legal, por sí sola, no demuestra que Navarrete haya intervenido en la asignación de contratos ni que haya cometido alguna irregularidad.

    ¿Qué relación tiene el chofer de Taddei con Corporativo Zeg?

    De acuerdo con los registros del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía citados por Reforma, el 28 de junio de 2023, mediante el acta 64225000P0, Rodolfo Higareda Coen, representante de Corporativo Zeg, otorgó a Navarrete Torres un poder general para pleitos y cobranzas.

    Esta facultad permite representar legalmente a una empresa en determinados procedimientos y ejercer acciones ante autoridades federales, estatales y municipales, así como en instancias judiciales, civiles y administrativas.

    Otro dato señalado por el diario es que, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, Navarrete no habría reportado su relación como apoderado de la compañía. En ese documento, según la investigación, únicamente mencionó su empleo anterior como conductor de Mercedes-Benz.

    Los registros citados ubican su incorporación como chofer de la consejera presidenta del INE el 15 de abril de 2025. Por ese trabajo, declaró percibir un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos.

    Corporativo Zeg y Cajas Graf, bajo señalamientos por presuntas irregularidades

    La investigación también aborda los antecedentes de Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas, según el reportaje, con los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández y con el mercado de materiales electorales.

    Entre los antecedentes mencionados figuran investigaciones y actuaciones de distintas autoridades:

    • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): habría investigado a Corporativo Zeg por presuntos vínculos con el crimen organizado; además, el reportaje refiere el congelamiento de cuentas de la empresa y de Cajas Graf.
    • Auditoría Superior de la Federación (ASF): habría indagado a ambas compañías por presuntas irregularidades.
    • Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): abrió en mayo de 2024 un expediente por posibles prácticas monopólicas, de acuerdo con la información citada.

    Asimismo, ambas compañías aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, según el reportaje.

    Estas actuaciones deben distinguirse de una resolución definitiva: una investigación o la apertura de un expediente no acredita, por sí misma, que una empresa haya cometido una infracción.

    Otros funcionarios del INE señalados en la investigación

    El reportaje de Reforma también menciona a Jesús Octavio García González, quien habría sido representante legal de Corporativo Zeg en 2023 y posteriormente se desempeñó como director de Administración del INE, cargo que ocupó hasta abril de 2026.

    La publicación también documenta contratos adjudicados a estas compañías por autoridades electorales estatales antes de que algunas personas relacionadas con esas decisiones ocuparan cargos en el instituto nacional.

    En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del instituto electoral local, otorgó a Corporativo Zeg un contrato por 32 millones de pesos. Posteriormente, Guadalupe Taddei la nombró titular de la Unidad de Género del INE.

    En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, quien presidía el instituto electoral estatal, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. En 2024, Espino llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE con el respaldo de Taddei, según la información publicada.

    La existencia de estos contratos y nombramientos permite identificar relaciones que requieren contextualización, pero no acredita automáticamente que las adjudicaciones fueran ilegales ni que los nombramientos obedecieran a un intercambio de favores.

    La camioneta BMW blindada utilizada por Guadalupe Taddei

    Otro episodio abordado por Reforma corresponde al uso de una camioneta BMW blindada por parte de Guadalupe Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. De acuerdo con el diario, el vehículo no formaba parte de la flota oficial del organismo electoral.

    La consejera presidenta explicó que la Chevrolet Captiva que tenía asignada había sufrido una avería y que la BMW era prestada. Sin embargo, según la publicación, no aclaró si el préstamo tenía alguna relación con Corporativo Zeg o con personas vinculadas a la compañía.

    Este punto forma parte de los cuestionamientos documentados por el medio, pero la información proporcionada no permite establecer quién era el propietario del vehículo ni confirmar que existiera un vínculo entre el préstamo y la empresa proveedora.

    ¿Qué falta por aclarar sobre el caso?

    Los datos publicados por Reforma ponen el foco en tres asuntos: la representación legal de Navarrete Torres, su declaración patrimonial y los antecedentes contractuales de las empresas mencionadas.

    Para determinar si existió alguna irregularidad, sería necesario conocer la naturaleza y vigencia del poder otorgado a Navarrete, las obligaciones de declaración aplicables a su caso, las resoluciones de las autoridades que investigaron a las empresas y cualquier evidencia de intervención en procedimientos de contratación pública.

    Hasta que se documenten esos elementos, los vínculos descritos deben tratarse como hechos reportados por el medio, mientras que las posibles responsabilidades administrativas o penales requieren acreditación por las autoridades competentes.