La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este 17 de septiembre la entrega de tres inmuebles reconstruidos para familias damnificadas por los sismos de 2017 en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc. Con estas acciones, el Gobierno capitalino informó que suman 20 mil 556 viviendas restituidas desde el inicio del programa de reconstrucción.
De acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, de las aproximadamente 22 mil 200 viviendas afectadas por el movimiento telúrico, mil 360 permanecen en proceso de reconstrucción y otras 225 están por comenzar obras. El balance oficial ubica el avance en 97 por ciento, aunque todavía permanecen casos pendientes relacionados con problemas jurídicos, sociales y técnicos.
Durante el acto realizado en Antigua Taxqueña 70, en la colonia Parque San Andrés, Coyoacán, Brugada señaló que su administración ha destinado 3 mil 500 millones de pesos para concluir proyectos que permanecían pendientes. Según la mandataria, durante los últimos dos años se han entregado cerca de mil viviendas que todavía no habían concluido su proceso de reconstrucción.
Uno de los proyectos entregados fue el inmueble de Antigua Taxqueña 70, donde se destinaron alrededor de 145 millones de pesos para una construcción de aproximadamente 8 mil metros cuadrados. La intervención implicó prácticamente levantar nuevamente el edificio, por lo que el Gobierno capitalino la presentó como una obra nueva y no únicamente como una rehabilitación.
También fueron entregados los inmuebles ubicados en Chiapas 206, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Guanajuato 226, en Benito Juárez, con una inversión conjunta reportada de 45 millones de pesos y más de 3 mil metros cuadrados de construcción. Para este 18 de septiembre está prevista la entrega de un cuarto edificio en la colonia Letrán Valle, con una inversión de 50 millones de pesos.
En conjunto, los cuatro inmuebles representan más de 13 mil metros cuadrados de construcción y una inversión aproximada de 240 millones de pesos, con beneficio para 79 familias. El dato permite dimensionar el costo de los casos que requirieron reconstrucción integral, frente a otros inmuebles donde las afectaciones pudieron atenderse mediante rehabilitación o intervenciones de menor escala.
La Comisión para la Reconstrucción informó que, además de las obras físicas, mantiene acciones para regularizar la propiedad, reducir gastos notariales y brindar acompañamiento técnico, social y administrativo. También contempla apoyos para el pago de rentas mientras las familias permanecen fuera de sus viviendas, una medida que busca atender las consecuencias económicas del desplazamiento.
El proceso de reconstrucción tiene como antecedente inmediato los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó a miles de viviendas capitalinas. Un informe oficial de la Comisión señala que las afectaciones incluyeron tanto viviendas unifamiliares como departamentos en conjuntos habitacionales y que el programa ha requerido mecanismos diferenciados de intervención.
A dos días de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, la administración capitalina colocó las nuevas entregas como parte de la etapa final del proceso. Sin embargo, el 3 por ciento que permanece pendiente implica que todavía existen familias que no han recuperado plenamente su vivienda, por lo que el cierre administrativo del programa dependerá de concluir las obras y resolver los casos que presentan mayores obstáculos.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, sostuvo que las intervenciones se realizan bajo las normas técnicas correspondientes para garantizar condiciones de seguridad estructural. La Comisión, por su parte, mantiene el seguimiento de los inmuebles que todavía se encuentran en construcción y de aquellos que están próximos a iniciar trabajos.
La experiencia de los sismos de 1985 y 2017 también ha impulsado cambios en las políticas de atención ante emergencias y riesgos estructurales en la capital. Para el Gobierno de la Ciudad, la reconstrucción no sólo representa la reposición de inmuebles dañados, sino también la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, seguridad estructural y respuesta institucional ante futuros fenómenos sísmicos.
