Por Juan Pablo Ojeda
La exconductora de televisión Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, luego de ser detenida el viernes 30 de octubre en Miami, Florida, tras permanecer cerca de cinco años prófuga de la justicia mexicana.
La detención fue confirmada por las autoridades migratorias estadounidenses y por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que el aseguramiento se realizó mediante un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes, Gómez Mont se encuentra bajo jurisdicción del ICE, aunque hasta el momento no se ha informado en qué centro de detención permanece ni cuáles son las condiciones de su situación migratoria.
En Miami existen instalaciones que reciben personas bajo custodia migratoria, entre ellas el Krome North Service Processing Center, administrado por el ICE, y el Federal Detention Center de Miami, aunque no se ha confirmado que la exconductora esté en alguno de estos lugares.
La FGR señaló que Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Además, enfrenta investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones también involucran a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido en Miami en septiembre de 2025 por autoridades migratorias y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza.
Sin embargo, el procedimiento de ambos es independiente y la situación de Álvarez Puga no determina las condiciones legales que enfrentará Gómez Mont ante las autoridades estadounidenses.
Por ahora, tampoco se ha informado oficialmente sobre una fecha para su posible extradición a México, por lo que deberá conocerse la determinación de las autoridades de Estados Unidos respecto a su situación migratoria y los procedimientos correspondientes.
La exconductora permaneció fuera del país desde 2021, cuando comenzaron las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades financieras relacionadas con contratos públicos y operaciones con empresas señaladas como parte de un esquema de lavado de dinero.