Por Juan Pablo Ojeda
Las autoridades de Colombia detuvieron este jueves en la ciudad de Bogotá a un juez federal mexicano requerido en extradición por la justicia de los Estados Unidos. La orden de captura internacional responde a una acusación por la presunta recepción de sobornos para emitir fallos favorables en beneficio de un operador logístico vinculado a la red de tráfico de drogas conocida como el Chapo Canadiense.
El operativo de detención fue ejecutado por elementos de la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) e Interpol. La notificación roja emitida por la justicia de la Unión Americana establece cargos por conspiración para importar sustancias controladas y lavado de dinero a través del sistema financiero transnacional.
Los expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indican que el juzgador mexicano habría recibido pagos indebidos por montos millonarios durante el ejercicio de su función jurisdiccional. Dichos recursos habrían sido transferidos mediante cuentas de fachada situadas en jurisdicciones bancarias del Caribe y Centroamérica.
El detenido es señalado de haber modificado resoluciones judiciales en México para decretar la libertad provisional de un presunto socio estratégico de Ryan Wedding, exatleta olímpico conocido como el Chapo Canadiense. Dicha estructura criminal es investigada por el tráfico de toneladas de cocaína a través de la frontera norte de México hacia territorio estadounidense.
Tras la captura en el aeropuerto internacional de El Dorado, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. El organismo judicial inició formalmente el trámite de extradición pasiva, el cual deberá ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia colombiana antes de autorizar su traslado a una corte federal de Estados Unidos.
El Consejo de la Judicatura Federal de México confirmó la suspensión temporal del servidor público y anunció la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario interno. Las autoridades judiciales mexicanas manifestaron su disposición para colaborar en el intercambio de información patrimonial con las agencias internacionales encargadas del caso.
La detención representa uno de los pocos antecedentes de aprehensión en el extranjero de un funcionario del Poder Judicial de la Federación mexicano por delitos de delincuencia organizada transnacional. Los trámites de extradición hacia el distrito judicial requiriente podrían extenderse durante un periodo estimado de tres a seis meses conforme a la legislación colombiana.