Ante alcaldes y representantes de más de 30 ciudades, Brugada sostuvo que la crisis habitacional no puede abordarse únicamente mediante la construcción de nuevos inmuebles, sino también con mecanismos que permitan evitar el desplazamiento de las personas que históricamente han habitado determinadas zonas. Bajo esa perspectiva, planteó la creación de una coalición mundial por la vivienda asequible.
Durante su intervención, la mandataria resumió su planteamiento con la frase “sin vivienda, no hay paz”, al recordar las movilizaciones sociales por el derecho a la vivienda en las que participó décadas atrás. Señaló que el acceso a un hogar está relacionado con la estabilidad de las familias y con la permanencia de las comunidades en sus territorios.
Brugada explicó que, desde la perspectiva de su gobierno, la Ciudad de México busca pasar de un modelo en el que la vivienda depende principalmente del mercado a una política con mayor participación del Estado. Su administración plantea tres líneas principales: construcción de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y participación de las comunidades en los procesos de desarrollo habitacional.
Entre las metas expuestas en Nueva York se encuentra alcanzar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, entre nuevas construcciones y mejoramientos. La estrategia incluye créditos sociales y apoyos para familias trabajadoras. De acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el Programa de Vivienda en Conjunto contempla créditos sin intereses cuyo pago mensual no debe superar 20 por ciento del ingreso del hogar.
La administración capitalina también sostiene que la vivienda social puede ofrecerse a precios inferiores a los del mercado y que una parte de la estrategia consiste en ampliar la disponibilidad de suelo. Brugada informó que durante los últimos dos años se han adquirido 250 mil metros cuadrados para nuevos proyectos habitacionales, mientras que el Gobierno capitalino ha planteado incorporar suelo público subutilizado para vivienda asequible.
Otro componente de la política es el mejoramiento de viviendas existentes. El gobierno capitalino reportó alrededor de 40 mil acciones de mejoramiento durante el periodo reciente, mientras que el Programa de Mejoramiento de Vivienda contempla créditos y subsidios para conservar y ampliar los hogares. El enfoque busca atender no sólo el déficit de nuevas viviendas, sino también el deterioro de las existentes.
La jefa de Gobierno también puso sobre la mesa la problemática de las rentas. Entre las propuestas mencionadas se encuentra una regulación para evitar incrementos de alquiler por encima de la inflación, además de una defensa pública para personas arrendatarias y mecanismos orientados a prevenir que los desalojos deriven en situaciones de calle.
En este punto, el concepto de “derecho al arraigo comunitario” ocupa un lugar central en el planteamiento de Brugada. La propuesta busca que las personas puedan permanecer en sus barrios ante procesos de encarecimiento y transformación urbana. Sin embargo, su aplicación dependerá de cambios normativos y de la capacidad institucional para equilibrar protección de residentes, desarrollo urbano y funcionamiento del mercado inmobiliario.
La política también incorpora componentes ambientales y de cuidados. La administración capitalina ha señalado la instalación de tecnologías sustentables en viviendas financiadas por el gobierno, mientras que los nuevos desarrollos contemplan espacios vinculados con el Sistema Público de Cuidados, como áreas para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Los datos oficiales muestran que la política habitacional ya tiene una presencia relevante en la agenda de la Ciudad de México. El Primer Informe de Gobierno reportó 12 mil 321 acciones habitacionales mediante el Programa de Vivienda en Conjunto durante el periodo correspondiente, además de viviendas nuevas, mejoramientos y proyectos de renta asequible.
No obstante, el reto señalado por la propia administración rebasa la construcción de vivienda. La presión sobre el suelo, el aumento de los precios, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes representan problemas que requieren instrumentos de regulación, disponibilidad de suelo y financiamiento público sostenido. La experiencia de otras ciudades, incluida Nueva York, muestra que la vivienda asequible constituye un desafío urbano que combina factores económicos, territoriales y sociales.
Desde la Conferencia U20, Brugada propuso que las ciudades compartan políticas y experiencias para enfrentar esta problemática y que la vivienda sea considerada un componente del derecho a la ciudad. La Ciudad de México, además, será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, escenario que el gobierno capitalino plantea utilizar para continuar el intercambio internacional sobre vivienda y desarrollo urbano.
La propuesta presentada en Nueva York coloca así a la vivienda asequible y al derecho al arraigo como temas centrales de la agenda internacional de la Ciudad de México. El desafío para la administración capitalina será convertir las metas anunciadas en vivienda accesible, protección efectiva para quienes rentan y permanencia de las comunidades, particularmente en las zonas donde el mercado inmobiliario ejerce mayor presión.
