Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026. La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca reducir los tiempos que enfrentan las víctimas de despojo para recuperar el acceso a sus inmuebles, mediante modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales que obligarían a acelerar la revisión de la situación jurídica y material de los bienes asegurados.

La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Valentina Valia Batres Guadarrama, quien planteó reformar los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con la legisladora, el objetivo es fortalecer la actuación institucional durante la investigación del delito y evitar que las víctimas permanezcan sin acceso a sus propiedades cuando ya existan elementos suficientes para determinar su situación.

Batres Guadarrama señaló que la afectación para una persona despojada no concluye con la presentación de una denuncia, debido a que la investigación puede involucrar diligencias, revisión documental y coordinación entre distintas autoridades. En ese periodo, sostuvo, la víctima puede continuar sin ejercer plenamente sus derechos sobre el inmueble.

La iniciativa plantea que el Ministerio Público investigue sin dilación las condiciones jurídicas y materiales del inmueble involucrado. También propone que autoridades registrales, catastrales y notariales atiendan de manera prioritaria los requerimientos relacionados con estas investigaciones, con el propósito de reducir posibles retrasos administrativos.

Otro de los puntos centrales consiste en que, una vez realizadas las diligencias necesarias, el Ministerio Público revise si continúan vigentes las razones que justificaron el aseguramiento del inmueble. Cuando corresponda su devolución, deberá considerar las circunstancias de las personas involucradas y la situación existente antes de los hechos denunciados.

La propuesta establece, sin embargo, que la devolución no sería automática. La propia diputada aclaró que cada caso deberá analizarse de manera individual para determinar la situación jurídica y material del inmueble, así como los posibles derechos de terceras personas. De esta forma, la medida busca acelerar procedimientos sin sustituir la investigación correspondiente.

También se precisa que devolver un inmueble no equivaldría a determinar la culpabilidad o inocencia de una persona investigada ni resolver, por sí misma, una controversia sobre la propiedad. La responsabilidad penal continuaría definiéndose dentro del procedimiento respectivo, mientras que los derechos civiles o patrimoniales que correspondan tendrían que resolverse conforme a las vías legales aplicables.

El planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que el despojo representa un problema que puede prolongarse más allá de la denuncia inicial, particularmente cuando el inmueble permanece asegurado durante la investigación. Por ello, la discusión legislativa deberá considerar tanto los derechos de las víctimas como las garantías procesales de las personas involucradas y la protección de terceros con posibles derechos sobre los bienes.

Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa será turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación. Si obtiene un dictamen favorable y posteriormente la aprobación del Pleno, la propuesta sería enviada al Congreso de la Unión para continuar su trámite, debido a que plantea modificaciones a un ordenamiento de carácter federal.                                                  Fuente: Congreso de la Ciudad de México.