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  • CDMX entra en una etapa de mayor escrutinio sobre vivienda, seguridad y reconstrucción

    CDMX entra en una etapa de mayor escrutinio sobre vivienda, seguridad y reconstrucción

    La semana del 14 al 21 de septiembre de 2026 colocó al gobierno de Clara Brugada frente a dos escenarios simultáneos: la búsqueda de mayor presencia de la Ciudad de México en la agenda internacional y la necesidad de acreditar resultados concretos en asuntos internos como vivienda, reconstrucción y seguridad. El viaje a Nueva York para participar en el Urban 20 concentró buena parte de la discusión política, mientras el Congreso local prepara la comparecencia de la mandataria y la glosa de su Segundo Informe.

    La participación de Brugada en el Urban 20 (U20) 2026, en Nueva York, fue autorizada por el Congreso capitalino para realizarse del 19 al 21 de septiembre. El encuentro reúne a representantes de grandes ciudades y aborda asuntos como vivienda asequible, sinhogarismo, cambio climático, sostenibilidad, resiliencia urbana y movilidad humana. De acuerdo con el Congreso, al concluir la gira la jefa de Gobierno deberá entregar un informe sobre las actividades realizadas y hacerlo público dentro de los 15 días naturales posteriores a su regreso.

    Desde Nueva York, la mandataria planteó fortalecer la cooperación entre gobiernos locales frente a problemas compartidos como la crisis de vivienda, el cambio climático, la migración y la desigualdad. También presentó experiencias de la capital mexicana, entre ellas el modelo de Utopías, como parte de la agenda social que busca proyectar internacionalmente.

    El viaje, sin embargo, también abrió un debate político interno sobre los alcances y resultados de una gira internacional. La autorización legislativa establece mecanismos de rendición de cuentas posteriores, por lo que el balance no dependerá únicamente de la participación de Brugada en el foro, sino de los acuerdos, contactos o compromisos que puedan traducirse en acciones para la capital. En ese sentido, el propio Congreso será uno de los espacios donde deberá revisarse el resultado de la visita.

    Vivienda, entre los anuncios y los resultados pendientes

    La vivienda se mantiene como uno de los principales ejes de la administración capitalina y, al mismo tiempo, como un terreno de discusión política. El Segundo Informe de Gobierno contempla avances en la construcción de nuevas viviendas y programas de atención habitacional, mientras que la administración ha colocado en la agenda conceptos como vivienda social, renta y acceso al suelo. Información oficial difundida previo al informe señala la construcción de 13 mil nuevas viviendas, con seis mil concluidas y siete mil en proceso.

    El reto para el gobierno capitalino será demostrar cómo esos programas impactan problemas que van más allá de las cifras de construcción: el incremento de las rentas, el desplazamiento de habitantes, la disponibilidad de vivienda accesible y la permanencia de las familias en sus comunidades. La discusión sobre una eventual regulación de rentas también coloca el tema en el ámbito legislativo, donde cualquier propuesta deberá pasar de los anuncios políticos a una iniciativa, discusión y eventual aprobación con mecanismos verificables de aplicación.

    Reconstrucción: un proceso que todavía no concluye

    La reconstrucción por los sismos de 2017 continúa formando parte de la agenda pública. El gobierno capitalino ha señalado avances sustanciales y mantiene el compromiso de atender a las familias que todavía no cuentan con una solución definitiva. El Segundo Informe incluye la reconstrucción entre los resultados de la administración y la política de vivienda, mientras que el gobierno ha mantenido programas destinados a viviendas nuevas, reconstruidas y rehabilitadas.

    Más allá del porcentaje global de avance, el punto pendiente es identificar los casos que permanecen abiertos, sus causas y los plazos para resolverlos. La evaluación de la política de reconstrucción no sólo depende del monto ejercido o del número de viviendas entregadas, sino de que las familias damnificadas obtengan soluciones definitivas y de que los inmuebles intervenidos cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes.

    Seguridad, otro eje para medir a la administración

    En seguridad, el gobierno capitalino ha sostenido una estrategia basada en la reducción de delitos de alto impacto y en el incremento de detenciones. Datos oficiales difundidos durante 2026 señalan que, entre octubre de 2024 y junio de este año, fueron detenidas más de 11 mil 200 personas relacionadas con delitos de alto impacto, además de reportarse la desarticulación de 43 células delictivas y la captura de 77 objetivos prioritarios.

    Estas cifras constituyen uno de los principales argumentos de la administración para evaluar su política de seguridad. Al mismo tiempo, una revisión integral requiere considerar otros indicadores, como la evolución de delitos específicos, la denuncia, la judicialización de casos y la percepción de seguridad. El propio gobierno ha reportado avances en judicializaciones y sentencias, por lo que la discusión pública se encuentra también en la capacidad de convertir las detenciones en procesos y resultados judiciales sostenibles.

    Congreso, próximo escenario de evaluación

    El siguiente momento relevante será el 14 de octubre, cuando Clara Brugada comparezca ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con motivo de su Segundo Informe. Posteriormente se desarrollarán las comparecencias de integrantes de su gabinete como parte de la glosa. El Congreso ya aprobó el formato correspondiente y estableció los mecanismos para esta etapa de revisión institucional.

    Con ello, la discusión política de las próximas semanas tendrá elementos concretos para contrastar los anuncios del Ejecutivo con información presupuestal, avances de programas y resultados administrativos. Vivienda, seguridad, reconstrucción, infraestructura y los resultados de la gira internacional estarán entre los asuntos susceptibles de ser revisados por las distintas fuerzas políticas.

    El balance de la semana, por tanto, muestra una administración que busca combinar proyección internacional con una agenda local centrada en derechos sociales, vivienda, seguridad y reconstrucción, pero que también entra en una etapa en la que sus resultados deberán someterse a mayor escrutinio legislativo. La participación en el Urban 20 ofrece una plataforma internacional; la glosa y la comparecencia de octubre representarán el espacio institucional para revisar qué tan verificables y sostenibles son los avances reportados.

  • “Sin vivienda, no hay paz”: Brugada llama a enfrentar la crisis habitacional desde las ciudades

    “Sin vivienda, no hay paz”: Brugada llama a enfrentar la crisis habitacional desde las ciudades

    Ante alcaldes y representantes de más de 30 ciudades, Brugada sostuvo que la crisis habitacional no puede abordarse únicamente mediante la construcción de nuevos inmuebles, sino también con mecanismos que permitan evitar el desplazamiento de las personas que históricamente han habitado determinadas zonas. Bajo esa perspectiva, planteó la creación de una coalición mundial por la vivienda asequible.

    Durante su intervención, la mandataria resumió su planteamiento con la frase “sin vivienda, no hay paz”, al recordar las movilizaciones sociales por el derecho a la vivienda en las que participó décadas atrás. Señaló que el acceso a un hogar está relacionado con la estabilidad de las familias y con la permanencia de las comunidades en sus territorios.

    Brugada explicó que, desde la perspectiva de su gobierno, la Ciudad de México busca pasar de un modelo en el que la vivienda depende principalmente del mercado a una política con mayor participación del Estado. Su administración plantea tres líneas principales: construcción de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y participación de las comunidades en los procesos de desarrollo habitacional.

    Entre las metas expuestas en Nueva York se encuentra alcanzar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, entre nuevas construcciones y mejoramientos. La estrategia incluye créditos sociales y apoyos para familias trabajadoras. De acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el Programa de Vivienda en Conjunto contempla créditos sin intereses cuyo pago mensual no debe superar 20 por ciento del ingreso del hogar.

    La administración capitalina también sostiene que la vivienda social puede ofrecerse a precios inferiores a los del mercado y que una parte de la estrategia consiste en ampliar la disponibilidad de suelo. Brugada informó que durante los últimos dos años se han adquirido 250 mil metros cuadrados para nuevos proyectos habitacionales, mientras que el Gobierno capitalino ha planteado incorporar suelo público subutilizado para vivienda asequible.

    Otro componente de la política es el mejoramiento de viviendas existentes. El gobierno capitalino reportó alrededor de 40 mil acciones de mejoramiento durante el periodo reciente, mientras que el Programa de Mejoramiento de Vivienda contempla créditos y subsidios para conservar y ampliar los hogares. El enfoque busca atender no sólo el déficit de nuevas viviendas, sino también el deterioro de las existentes.

    La jefa de Gobierno también puso sobre la mesa la problemática de las rentas. Entre las propuestas mencionadas se encuentra una regulación para evitar incrementos de alquiler por encima de la inflación, además de una defensa pública para personas arrendatarias y mecanismos orientados a prevenir que los desalojos deriven en situaciones de calle.

    En este punto, el concepto de “derecho al arraigo comunitario” ocupa un lugar central en el planteamiento de Brugada. La propuesta busca que las personas puedan permanecer en sus barrios ante procesos de encarecimiento y transformación urbana. Sin embargo, su aplicación dependerá de cambios normativos y de la capacidad institucional para equilibrar protección de residentes, desarrollo urbano y funcionamiento del mercado inmobiliario.

    La política también incorpora componentes ambientales y de cuidados. La administración capitalina ha señalado la instalación de tecnologías sustentables en viviendas financiadas por el gobierno, mientras que los nuevos desarrollos contemplan espacios vinculados con el Sistema Público de Cuidados, como áreas para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.

    Los datos oficiales muestran que la política habitacional ya tiene una presencia relevante en la agenda de la Ciudad de México. El Primer Informe de Gobierno reportó 12 mil 321 acciones habitacionales mediante el Programa de Vivienda en Conjunto durante el periodo correspondiente, además de viviendas nuevas, mejoramientos y proyectos de renta asequible.

    No obstante, el reto señalado por la propia administración rebasa la construcción de vivienda. La presión sobre el suelo, el aumento de los precios, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes representan problemas que requieren instrumentos de regulación, disponibilidad de suelo y financiamiento público sostenido. La experiencia de otras ciudades, incluida Nueva York, muestra que la vivienda asequible constituye un desafío urbano que combina factores económicos, territoriales y sociales.

    Desde la Conferencia U20, Brugada propuso que las ciudades compartan políticas y experiencias para enfrentar esta problemática y que la vivienda sea considerada un componente del derecho a la ciudad. La Ciudad de México, además, será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, escenario que el gobierno capitalino plantea utilizar para continuar el intercambio internacional sobre vivienda y desarrollo urbano.

    La propuesta presentada en Nueva York coloca así a la vivienda asequible y al derecho al arraigo como temas centrales de la agenda internacional de la Ciudad de México. El desafío para la administración capitalina será convertir las metas anunciadas en vivienda accesible, protección efectiva para quienes rentan y permanencia de las comunidades, particularmente en las zonas donde el mercado inmobiliario ejerce mayor presión.