Por Juan Pablo Ojeda
El Congreso de la Unión recibió una iniciativa legislativa denominada Ley de Economía Digital, la cual contempla la implementación gradual de esquemas de pagos exclusivamente digitales en sectores comerciales estratégicos del país. La propuesta normativa busca reducir el uso del efectivo en transacciones de alto volumen y formalizar las cadenas de valor en el comercio electrónico y minorista.
Los datos técnicos presentados en el proyecto señalan que la economía informal representa más del 50 por ciento del producto interno bruto comercial en México, fenómeno impulsado por el predominio del dinero en efectivo. La nueva normatividad obligará a los establecimientos comerciales de sectores específicos a integrar pasarelas de cobro electrónico y terminales bancarias homologadas.
El análisis de impacto fiscal detalla que la digitalización de las operaciones mercantiles incrementará la recaudación tributaria al disminuir la evasión fiscal asociada al uso de papel moneda no declarado. Asimismo, el Banco de México fungirá como el órgano supervisor encargado de regular las comisiones cobradas por los agregadores de pagos electrónicos.
Las instituciones bancarias y las empresas de tecnología financiera (fintech) deberán cumplir con estándares estrictos de ciberseguridad y protección de datos personales para salvaguardar las operaciones de los usuarios. La infraestructura tecnológica requerirá una inversión estimada en miles de millones de pesos para garantizar la conectividad en zonas urbanas y semiurbanas.
El proceso de transición legal se proyecta de forma escalonada durante un periodo de tres años a partir de su eventual aprobación en el pleno legislativo. Las pequeñas y medianas empresas recibirán estímulos fiscales temporales para la adquisición de equipos terminales de cobro digital y la capacitación de su personal operativo.
Las asociaciones de comerciantes y cámaras empresariales han manifestado opiniones divididas respecto a la obligatoriedad de la medida. Mientras los grandes corporativos comerciales respaldan la iniciativa por razones de seguridad y eficiencia logística, los pequeños negocios advierten sobre los costos operativos asociados a las comisiones bancarias.
La discusión parlamentaria continuará en las comisiones unidas de Economía y Hacienda, donde se evaluarán las reservas presupuestales y las modificaciones técnicas necesarias antes de someter el dictamen final a votación en las cámaras legislativas.