Por Juan Pablo Ojeda
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, oficializó este jueves su renuncia irrevocable al cargo ejecutivo en medio de una severa crisis financiera desatada por el colapso y la intervención de la entidad bancaria Ueno Bank. La dimisión se materializó ante la inminente votación de un juicio político en el Congreso de la Nación, proceso que contaba con los votos necesarios en el Poder Legislativo para destituirlo de sus funciones constitucionales.
Los datos económicos difundidos por la Superintendencia de Bancos indican que el sistema financiero paraguayo enfrentó una contracción de liquidez que dejó a cerca de tres millones de ciudadanos con restricciones severas de acceso a sus cuentas y ahorros. La institución involucrada concentraba la administración de más de 850 millones de dólares en recursos públicos provenientes de diversas dependencias estatales centralizadas.
El análisis de las operaciones financieras revela que la concentración de fondos públicos en un solo intermediario privado vulneró los protocolos de control de riesgo fiscal establecidos por el Banco Central del Paraguay. La crisis desató protestas masivas en las inmediaciones del centro financiero de Asunción, con una reducción del 60 por ciento en el tránsito comercial urbano durante las 72 horas previas a la dimisión.
Ante la presión legislativa, el oficialismo en el Parlamento retiró el respaldo político al mandatario, fracturando la base de sustentación que mantenía el gobernante Partido Colorado desde el inicio del sexenio. La pérdida de la mayoría parlamentaria neutralizó cualquier posibilidad jurídica de bloquear la solicitud formal de destitución impulsada por las bancadas opositoras.
Conforme a los artículos transitorios de la carta magna paraguaya, la sucesión presidencial recaerá de manera inmediata en el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien asumirá la jefatura del Estado para concluir el periodo constitucional vigente hasta el año 2028. El nuevo gabinete de transición deberá someterse a una auditoría externa de las cuentas públicas.
Las calificadoras internacionales de riesgo crediticio ajustaron a la baja las perspectivas económicas para la deuda soberana de Paraguay, citando la inestabilidad institucional y la vulnerabilidad del sistema bancario local ante la falta de supervisión estricta por parte de los órganos autónomos de fiscalización financiera.
Los mercados bursátiles regionales registraron una depreciación temporal de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, mientras las autoridades monetarias implementaron inyecciones de liquidez de emergencia para estabilizar la red de pagos interbancarios y calmar la demanda de retiros en ventanilla en todo el territorio nacional.