Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para que enfrente una acusación por presunta traición a la patria relacionada con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.
La detención federal se ejecutó el domingo 18 de octubre, minutos después de que un juez estatal determinara que Jáuregui enfrentaría en libertad el proceso local por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Aunque el exfuncionario quedó sujeto a medidas cautelares en Chihuahua, agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión federal y lo mantuvieron bajo custodia.
El abogado defensor, Héctor Villasana, confirmó que su cliente sería trasladado al centro penitenciario federal para comparecer ante la autoridad judicial que emitió la orden de captura. Explicó que la diligencia federal es independiente del procedimiento que se sigue en Chihuahua y que la audiencia inicial podría celebrarse el martes 20 de octubre.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la orden de aprehensión se obtuvo después de más de 100 actos de investigación, entre diligencias de gabinete y de campo. De acuerdo con la FGR, existen indicios de que Jáuregui habría ordenado y coordinado un operativo en el que participaron ciudadanos estadounidenses sin la autorización legal correspondiente.
La investigación se relaciona con un despliegue realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para intervenir un laboratorio clandestino. Durante el regreso de la operación, un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de cuatro personas: dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, incluido su director, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.
Según la FGR, el entonces fiscal habría permitido que los agentes extranjeros participaran en actividades reservadas a las autoridades federales mexicanas, sin contar con autorización. La dependencia sostiene que esa intervención podría constituir una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional, que establece límites a la colaboración de autoridades extranjeras en territorio mexicano.
Godoy también señaló que los estadounidenses habían acudido en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y cuestionó que las autoridades estatales no hubieran informado oportunamente a las instancias federales sobre su presencia y participación en el operativo. La fiscalía considera que las omisiones forman parte de los elementos que sustentan la investigación.
El caso generó controversia después de que inicialmente se presentara a los ciudadanos estadounidenses como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Días después se conoció que eran agentes de la CIA. Jáuregui renunció a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril y reconoció públicamente que hubo omisiones en la información y en la gestión institucional relacionada con los contactos con personal extranjero.
En el procedimiento estatal, el juez impuso medidas cautelares que incluyen la entrega del pasaporte mexicano y la visa estadounidense, la prohibición de salir de Chihuahua y del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad judicial y la restricción de comunicarse con testigos. La audiencia para determinar si será vinculado a proceso por los delitos locales quedó programada para el jueves 22 de octubre.
La defensa ha señalado que desconoce los detalles completos de la investigación federal y sostiene que el proceso ante la FGR debe desarrollarse por separado del expediente estatal. Por ahora, Jáuregui enfrenta imputaciones que deberán ser examinadas por los jueces correspondientes, sin que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.
