La marcha conmemorativa por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco terminó este 2 de octubre en la Ciudad de México en medio de denuncias de presuntas agresiones, encapsulamientos y despojo de pertenencias contra manifestantes y periodistas, principalmente en las inmediaciones del Metro Tlatelolco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus áreas de Asuntos Internos y Derechos Humanos ya recaban información para esclarecer al menos una de las agresiones denunciadas.
Uno de los casos señalados públicamente corresponde al reportero Iván Ortiz, de El Sol de México, quien afirmó haber sido golpeado mientras documentaba los acontecimientos y posteriormente despojado de su teléfono celular, mochila, computadora y otros objetos de trabajo. El periodista sostuvo que en la agresión participaron policías y personas vestidas de civil; estos señalamientos deberán ser corroborados mediante las investigaciones correspondientes.
También el periodista Mario Marlo, de SomosElMedio, denunció que durante la cobertura le retiraron el teléfono celular con el que registraba los acontecimientos. Su medio difundió imágenes y testimonios sobre un operativo policial en la zona, en el que se observaron encapsulamientos y enfrentamientos entre elementos de seguridad y asistentes a la movilización.
La SSC informó que la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos tomaron conocimiento de los hechos ocurridos en las inmediaciones de Tlatelolco. De acuerdo con la dependencia, ambas áreas recaban información para establecer las circunstancias de la agresión denunciada y dar seguimiento a los presuntos responsables; además, personal de la corporación estableció contacto con el reportero afectado y le ofreció orientación para presentar una denuncia.
De manera paralela, la corporación reportó incidentes en la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro, donde personas encapuchadas habrían roto cristales y lanzado cohetones al interior. La SSC señaló que durante las revisiones posteriores fueron aseguradas cadenas, palos, cohetones y martillos, y precisó que no se realizaron detenciones por ese episodio.
La jornada también estuvo acompañada por denuncias de organizaciones y colectivos sobre presunto uso excesivo de la fuerza, intimidaciones y encapsulamientos contra estudiantes y manifestantes. La organización Red Rompe el Miedo reportó una amplia presencia policial y pidió que durante las movilizaciones se respeten los protocolos de actuación, la libertad de expresión y los derechos de quienes participan en las protestas.
La propia SSC informó que personal de su Dirección General de Derechos Humanos realizó recorridos de supervisión durante la movilización para verificar que la actuación de los elementos policiales se ajustara a los protocolos establecidos. La existencia de una revisión institucional resulta relevante ante la circulación de videos y testimonios que muestran confrontaciones en distintos puntos del recorrido.
El contexto de la movilización, sin embargo, también incluyó actos atribuidos a grupos de personas encapuchadas. Además de los daños en la estación Tlatelolco, se reportaron destrozos de estructuras, ingreso de personas a un establecimiento comercial y lanzamiento de artefactos pirotécnicos durante el recorrido. Estos hechos forman parte de las circunstancias que las autoridades deberán documentar y deslindar individualmente.
La conmemoración reunió a miles de personas para recordar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y mantener las demandas de verdad, justicia y no repetición. El Gobierno capitalino recordó la fecha como parte de la memoria histórica de la ciudad y reiteró su respaldo a las víctimas y sobrevivientes.
El punto central ahora será determinar, mediante investigaciones y evidencia disponible, qué ocurrió en cada uno de los incidentes denunciados y quiénes fueron responsables. Hasta el momento, las acusaciones de agresiones y despojo contra policías corresponden a testimonios y denuncias públicas, mientras que la SSC mantiene abiertas sus indagatorias; por ello, atribuir responsabilidades definitivas requiere esperar los resultados de las investigaciones y, en su caso, de las autoridades ministeriales y organismos de derechos humanos.
