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Ciudad de México.— El PAN en el Congreso de la Ciudad de México cuestionó el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al señalar que la presentación concentra cifras sobre obras, programas, presupuesto y personas atendidas, pero no siempre ofrece indicadores suficientes para determinar qué problemas mejoraron, cuánto se redujo el rezago y cuál fue el impacto concreto de las políticas públicas en la población. La diputada Liz Salgado planteó que la glosa deberá revisar no sólo cuánto se hizo, sino qué resultados produjo.

La crítica ocurre después de que el Gobierno capitalino entregó al Congreso su Segundo Informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2025-2026. El documento contempla, entre otros rubros, infraestructura, vivienda, movilidad, salud, seguridad y programas sociales, además de reportar miles de acciones realizadas durante el segundo año de administración.

Salgado sostuvo que existe una diferencia entre reportar el presupuesto ejercido, una obra anunciada, una acción realizada o el número de personas atendidas, y demostrar que una política pública modificó las condiciones que buscaba atender. Para la legisladora, esa distinción será relevante durante las comparecencias y la revisión de los resultados del informe.

En materia de salud, la diputada señaló que los indicadores de cobertura requieren complementarse con información sobre seguimiento y resultados. Un contacto con una persona no necesariamente equivale a una consulta médica; una visita domiciliaria no demuestra por sí misma que una enfermedad haya sido controlada, y una mastografía tampoco representa el cierre de la atención de una paciente si no se conoce cuántas personas fueron diagnosticadas, recibieron seguimiento y llegaron a tratamiento.

El planteamiento coloca el seguimiento como uno de los elementos centrales de la evaluación. El Gobierno capitalino puede reportar el número de acciones realizadas, pero para determinar su impacto sería necesario conocer indicadores comparables en el tiempo, como diagnósticos, tratamientos, tiempos de atención y evolución de los casos. Bajo esa lógica, la discusión no se limita al volumen de servicios prestados, sino a la capacidad de resolver los problemas identificados.

Las UTOPÍAS representan otro de los puntos señalados por la oposición. De acuerdo con la información difundida sobre el informe, el Gobierno capitalino reportó ocho UTOPÍAS inauguradas, cuatro concluidas y 18 en proceso, para un total de 30 nuevos espacios considerados dentro del programa. La administración también informó que las instalaciones inauguradas han registrado más de 1.5 millones de usuarios.

Salgado cuestionó que las distintas etapas de esos proyectos puedan generar una lectura poco precisa si no se separan claramente las obras anunciadas, las que están en construcción, las concluidas y las que ya se encuentran en operación. También consideró necesario conocer la metodología utilizada para contabilizar a los usuarios, particularmente para determinar si se trata de personas distintas o de accesos acumulados.

El debate sobre las UTOPÍAS también incluye el ejercicio presupuestal. En agosto, Salgado había señalado que los recursos previstos para 2025 y 2026 rondaban los 4 mil 200 millones de pesos para construcción, además de recursos destinados a proyectos ejecutivos, y pidió información sobre operación, personal, servicios disponibles y mantenimiento.

La revisión planteada por el PAN también alcanza otras cifras de infraestructura. El Gobierno capitalino reportó alrededor de 450 kilómetros de vialidades primarias repavimentadas y acciones en cerca de 4 mil unidades habitacionales; para la oposición, estos datos deben acompañarse de información que permita dimensionar qué porcentaje representan frente al universo total y distinguir entre intervenciones integrales, mantenimiento y trabajos específicos.

El señalamiento opositor no implica desconocer que el informe contiene avances en distintos sectores. El propio balance oficial reporta 3 mil 600 obras, 13 mil nuevas viviendas —6 mil concluidas y 7 mil en proceso— y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda, entre otros resultados. La discusión planteada por el PAN se concentra en cómo medir esos avances y establecer qué efecto tuvieron sobre las condiciones de vida de la población.

En este contexto, la glosa del Segundo Informe se perfila como el espacio para confrontar cifras, metodologías y resultados entre el Gobierno capitalino y los grupos parlamentarios. Para el PAN, la rendición de cuentas deberá avanzar de la numeralia hacia indicadores que permitan comparar la situación previa y posterior a cada intervención, identificar pendientes y determinar con mayor precisión qué recursos se ejercieron y qué problemas fueron efectivamente atendidos.

La exigencia de contar con indicadores verificables forma parte de una discusión más amplia sobre la evaluación del gasto público: una obra terminada no necesariamente equivale a un servicio plenamente operativo, del mismo modo que una atención registrada no permite conocer por sí sola su resultado. El reto de la revisión legislativa será, por tanto, distinguir entre cobertura, ejecución e impacto sin perder de vista los datos y alcances que presenta oficialmente el Gobierno de la Ciudad de México.