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Ciudad de México.— El Gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo modelo de verificación administrativa que busca sustituir la lógica predominantemente sancionadora por un esquema preventivo y correctivo, con especial atención a pequeños establecimientos. La medida, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entrará en vigor el próximo lunes y contempla el Código Avisa, nuevas herramientas de identificación para verificadores y controles tecnológicos para reducir espacios de corrupción y posibles extorsiones.

El nuevo esquema establece cuatro prioridades: prevención antes que sanción, cero clausuras para negocios de bajo impacto, cero tolerancia a la corrupción y actuación inmediata cuando exista un riesgo para la integridad de las personas o las comunidades. La administración capitalina sostiene que el objetivo es evitar que faltas administrativas subsanables terminen afectando la continuidad de pequeños negocios y el ingreso de las familias que dependen de ellos.

De acuerdo con el planteamiento presentado por el Gobierno capitalino y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), establecimientos como papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos estarán sujetos a un mecanismo preventivo. El Código Avisa funcionará mediante notificaciones sucesivas, para informar sobre las irregularidades detectadas y permitir su corrección antes de llegar a una eventual medida cautelar.

El modelo, sin embargo, establece una diferencia relevante entre los tipos de establecimientos. Para negocios de impacto vecinal se contempla un esquema con avisos previos y apercibimiento, mientras que los establecimientos considerados de alto impacto, como bares, cantinas, centros nocturnos, cabarets y discotecas, quedarán fuera del Código Avisa debido a los riesgos asociados con aforos, horarios y medidas de protección civil.

La política preventiva tampoco implica que todas las irregularidades recibirán un periodo de gracia. El Gobierno capitalino señaló que situaciones como venta de alcohol a menores, exceso de aforo o riesgos inmediatos para la población podrán generar una intervención de la autoridad sin esperar a que se agoten las etapas ordinarias de prevención. En los establecimientos de alto impacto, ante un riesgo inminente, se contempla el desalojo y cierre correspondiente.

Uno de los principales componentes del nuevo modelo será el combate a la corrupción durante las visitas de verificación. Para ello, el INVEA utilizará órdenes digitales autentificables, credenciales inteligentes con código QR, cámaras corporales y herramientas de geolocalización, con la intención de hacer trazables las actuaciones del personal y dificultar la suplantación de verificadores.

También se fortalecerá Verificatel, mediante el cual los responsables de los establecimientos podrán corroborar la identidad y autorización del personal que realiza una visita y reportar posibles irregularidades. Las multas, además, deberán cubrirse directamente mediante los canales oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el propósito de reducir la intervención de intermediarios y posibles cobros indebidos.

El INVEA anunció además nuevas herramientas visuales para facilitar la identificación de su personal. Las gorras permitirán distinguir áreas de adscripción mediante diferentes colores: dorado para Gobierno central, naranja para verificaciones de transporte y gris para personal destinado a tareas vinculadas con las alcaldías. La identificación busca que los establecimientos puedan reconocer con mayor facilidad a los funcionarios autorizados.

Otro componente será la verificación voluntaria, mediante la cual los responsables de establecimientos podrán solicitar orientación sobre los requisitos que deben cumplir. El INVEA también informó que realizará talleres informativos junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que los lunes habrá personal del Instituto en las mesas de la Defensoría Ponciano Arriaga para brindar asesoría sobre procedimientos de verificación y regularización.

El cambio de enfoque plantea un reto adicional: que la reducción de clausuras no se traduzca en una disminución de la vigilancia sobre actividades que sí representan riesgos para vecinos, trabajadores y consumidores. La propia administración reconoce esta diferencia al mantener controles más estrictos para establecimientos de alto impacto y medidas inmediatas cuando exista peligro para la población.

La propuesta también contempla extender el modelo a las 16 alcaldías, que cuentan con atribuciones propias de verificación en diferentes materias. La homologación será relevante para evitar que los criterios cambien significativamente entre demarcaciones y para que comerciantes y autoridades tengan reglas más claras sobre prevención, regularización y sanción.

En términos administrativos, el nuevo modelo busca trasladar parte del peso de la verificación desde la sanción hacia la corrección documentada. Su efectividad dependerá de que los avisos, las órdenes digitales, las cámaras corporales, Verificatel y los mecanismos de denuncia funcionen de manera verificable y que las excepciones por riesgo se apliquen con criterios claros. El Gobierno capitalino plantea así una modificación al esquema de inspección que tendrá como prueba central su aplicación cotidiana en los establecimientos de la ciudad.

Fuentes: Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).