La política social de la Ciudad de México amplió de manera significativa su cobertura durante los primeros dos años de la administración de Clara Brugada, pero el crecimiento en el número de beneficiarios todavía plantea una pregunta central: qué tanto estos apoyos están modificando de forma sostenible las condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Durante su segunda asamblea informativa de rendición de cuentas, la jefa de Gobierno señaló que la cobertura de los programas sociales aumentó 85 por ciento y que para el cierre de 2026 se prevé atender a 2.6 millones de personas, mediante una inversión cercana a 23 mil millones de pesos en subsidios y programas sociales.
El presupuesto aprobado para 2026 contempla 23 mil 501 millones de pesos para este rubro, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El paquete económico también considera un incremento de 31.2 por ciento en la inversión pública y recursos por 43 mil 749 millones de pesos para movilidad, lo que coloca a la política social dentro de un esquema de gasto público más amplio.
Entre los programas que forman parte de esta estrategia se encuentran Desde la Cuna, dirigido a niñas y niños de cero a tres años; Mi Beca para Empezar, para estudiantes de educación básica; la beca de transporte para universitarios; Ingreso Ciudadano Universal, destinado a personas de 57 a 59 años, y Pensión Hombres Bienestar, para hombres de 60 a 64 años.
El Gobierno capitalino también ha incorporado mecanismos de apoyo vinculados con el consumo y la economía comunitaria, como Mercomuna, además de acciones dirigidas a personas cuidadoras mediante Ciudad que Cuida a quien Cuida y programas para jóvenes en situación de exclusión, entre ellos las Aldeas Juveniles. La lógica oficial es atender diferentes etapas de vida y combinar transferencias económicas con servicios públicos.
En particular, el programa Ciudad que Cuida a quien Cuida busca reconocer el trabajo no remunerado de quienes realizan labores de cuidado. La administración capitalina ha planteado apoyos económicos bimestrales junto con talleres, acompañamiento y actividades culturales y deportivas, con énfasis en mujeres cuidadoras.
La expansión de la cobertura ocurre, sin embargo, en un escenario en el que persisten desigualdades relacionadas con el ingreso, acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación y vivienda. Por ello, el número de personas incorporadas a los programas constituye un indicador de alcance, pero no necesariamente demuestra por sí mismo una reducción estructural de la pobreza o de la vulnerabilidad.
El desafío para el Gobierno de la Ciudad de México será, por tanto, demostrar con indicadores verificables qué resultados producen los recursos destinados a estos programas. Será necesario conocer no sólo cuántas personas reciben un apoyo, sino también cuánto tiempo permanecen en una situación de vulnerabilidad, qué cambios registran sus ingresos y condiciones de vida y qué capacidad tienen los programas para evitar que los beneficiarios regresen a condiciones de pobreza.
Otro elemento relevante será la transparencia. Los padrones de beneficiarios, las reglas de operación, los criterios de selección, los mecanismos de evaluación y los informes de ejercicio presupuestal deben permitir identificar con claridad quién recibe los recursos, bajo qué condiciones y con qué resultados. También será importante evitar duplicidades entre programas locales y federales.
La administración de Brugada ha planteado que su política social no se limita a las transferencias, sino que forma parte de una estrategia más amplia que incluye vivienda, educación, cuidados, movilidad, infraestructura y recuperación del espacio público. Esa combinación puede tener mayor impacto que los apoyos aislados, siempre que exista coordinación institucional y evaluación de resultados.
Con una meta de 2.6 millones de personas atendidas al cierre de 2026, el Gobierno capitalino enfrenta ahora el reto de convertir una expansión cuantitativa en resultados sociales medibles. El aumento de 85 por ciento en cobertura representa un dato relevante para evaluar el alcance de la política pública, pero su éxito dependerá de que los apoyos sean sostenibles, transparentes y capaces de mejorar de manera duradera las condiciones de vida de la población.
