Por Juan Pablo Ojeda
Una jueza de Florida firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos.
La orden fue firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, después de una investigación de las autoridades estatales sobre el papel que habría desempeñado Castro en los hechos. La información fue reportada por el diario Miami Herald, que tuvo acceso a documentos judiciales relacionados con el caso.
El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que realizaba vuelos para localizar y auxiliar a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos por mar.
Las aeronaves fueron destruidas sobre aguas internacionales y sus cuatro ocupantes murieron. Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal permanente en ese país. Una tercera avioneta que participaba en la operación logró escapar.
La investigación sostiene que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron información sobre los vuelos de la organización y la transmitieron a las autoridades de La Habana. Según los señalamientos judiciales, esos datos habrían contribuido a la operación que terminó con el derribo de las dos aeronaves civiles.
En el momento del ataque, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y era una de las principales figuras del gobierno encabezado por su hermano Fidel Castro. Las autoridades de Florida consideran que existen elementos para acusarlo de participar en una conspiración relacionada con los asesinatos.
La orden estatal se suma a los cargos federales presentados en mayo de 2026 contra Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en el caso. La acusación federal incluye delitos relacionados con el asesinato de ciudadanos estadounidenses, la destrucción de aeronaves y la conspiración para cometer esos crímenes.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha defendido la reapertura de la investigación para buscar responsabilidades penales por los hechos ocurridos hace tres décadas. La orden de arresto podría tener consecuencias para los desplazamientos internacionales de Castro, especialmente si viaja a un territorio donde las autoridades estadounidenses puedan solicitar su detención.
Sin embargo, la posibilidad de que el expresidente cubano comparezca ante un tribunal estadounidense permanece incierta, ya que se encuentra en Cuba. La ejecución de la orden dependerá de las circunstancias legales y de la cooperación de las autoridades correspondientes.
El caso vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en un contexto de nuevas presiones de Washington contra el gobierno de la isla. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha rechazado anteriormente las acusaciones estadounidenses contra Castro y las ha calificado de motivaciones políticas.
