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  • Exfiscal de Chihuahua enfrenta otras investigaciones ajenas al caso CIA

    Exfiscal de Chihuahua enfrenta otras investigaciones ajenas al caso CIA

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, enfrenta otras investigaciones por presuntos delitos distintos al caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mientras que, hasta el momento, no tiene conocimiento de pruebas que responsabilicen directamente a la gobernadora María Eugenia Campos.

    Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 19 de octubre, la mandataria explicó que las indagatorias contra el exfuncionario se desarrollan tanto en el ámbito estatal como en el federal, luego de las irregularidades detectadas en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

    Sheinbaum señaló que la primera autoridad en proceder contra Jáuregui fue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que inició acciones por presuntos delitos del fuero común. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino en el caso y lo detuvo por una investigación relacionada con el delito de traición a la patria.

    La presidenta detalló que, tras cumplimentarse una orden de aprehensión por delitos del fuero común, un juez de Chihuahua ordenó la liberación del exfiscal. Sin embargo, al salir, fue detenido por autoridades federales y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

    La mandataria reconoció la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y sostuvo que corresponde a las fiscalías esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. También precisó que las investigaciones contra Jáuregui no se limitan a la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.

    El caso se remonta a abril de 2026, cuando autoridades de Chihuahua participaron en el despliegue para localizar y desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra. La presencia de dos ciudadanos estadounidenses, identificados posteriormente como presuntos agentes de la CIA, generó cuestionamientos sobre su intervención en las acciones de seguridad sin autorización del Gobierno federal.

    La polémica aumentó después de que cuatro personas murieran en un accidente vehicular cuando regresaban de la zona del operativo: dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación y los dos estadounidenses. A partir de estos hechos, las autoridades federales comenzaron a revisar las condiciones en las que se realizó el despliegue y la participación de personal extranjero.

    Respecto a Maru Campos, Sheinbaum afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía no cuenta con pruebas que la señalen directamente como responsable de la participación de los agentes estadounidenses. No obstante, indicó que serán las autoridades ministeriales las encargadas de aclarar si existió alguna responsabilidad de otros funcionarios.

    La gobernadora ha sostenido que desconocía la presencia de los agentes de la CIA durante el operativo y ha señalado que las decisiones se tomaron sin informarle. Mientras avanzan las indagatorias, César Jáuregui permanece recluido en el Altiplano y enfrenta procedimientos relacionados con los hechos, sin que ello implique una sentencia condenatoria.

     

  • Sheinbaum pide renuncia a Leonel Cota por aspiraciones políticas de su hijo

    Sheinbaum pide renuncia a Leonel Cota por aspiraciones políticas de su hijo

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que solicitó a Leonel Cota Montaño dejar la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a que su hijo, Manuel Cota Cárdenas, fue designado coordinador estatal de Morena en Baja California Sur rumbo a las elecciones de 2027. La mandataria explicó que la decisión busca evitar sospechas sobre el posible uso de instituciones y recursos públicos para favorecer a un aspirante político.

    Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que pidió directamente la salida del funcionario porque consideró inconveniente que permaneciera en el Gobierno federal mientras su hijo participa en la organización política de Morena en la entidad.

    La presidenta señaló que la permanencia de Cota Montaño podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, particularmente ante la posibilidad de que se interpretara como un respaldo institucional a las aspiraciones políticas de su hijo.

    “Yo se lo pedí, porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, explicó la mandataria al detallar las razones de su decisión.

    Sheinbaum indicó que el propio Leonel Cota ya había considerado separarse del cargo cuando ambos conversaron sobre el tema. Según relató, el exfuncionario coincidió en que era preferible evitar confusiones o señalamientos relacionados con un posible aprovechamiento de las instituciones públicas.

    La mandataria reiteró que su intención es impedir que las dependencias federales sean señaladas por favorecer a candidatos o partidos políticos. En ese sentido, sostuvo que los cargos públicos deben mantenerse al margen de las actividades partidistas cuando exista el riesgo de que se cuestione la neutralidad institucional.

    Manuel Cota Cárdenas, diputado federal con licencia por el Partido Verde Ecologista de México, fue designado coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Esta posición lo coloca en la estructura política de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

    La presidenta también comentó que, hasta donde tenía conocimiento, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, buscó a Leonel Cota para que colabore en actividades del partido. Aclaró que esa participación podría desarrollarse en otra entidad, sin involucrarse necesariamente en el trabajo político de Baja California Sur.

    Cota Montaño fue gobernador de Baja California Sur entre 1999 y 2005 y posteriormente ocupó distintos cargos públicos, entre ellos la dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), antes de incorporarse a la Secretaría de Agricultura. Su salida de la subsecretaría ocurre mientras Morena comienza a organizar sus estructuras territoriales rumbo a los comicios del próximo año.

     

  • FGR traslada a César Jáuregui al Altiplano por caso CIA

    FGR traslada a César Jáuregui al Altiplano por caso CIA

     

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para que enfrente una acusación por presunta traición a la patria relacionada con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.

    La detención federal se ejecutó el domingo 18 de octubre, minutos después de que un juez estatal determinara que Jáuregui enfrentaría en libertad el proceso local por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Aunque el exfuncionario quedó sujeto a medidas cautelares en Chihuahua, agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión federal y lo mantuvieron bajo custodia.

    El abogado defensor, Héctor Villasana, confirmó que su cliente sería trasladado al centro penitenciario federal para comparecer ante la autoridad judicial que emitió la orden de captura. Explicó que la diligencia federal es independiente del procedimiento que se sigue en Chihuahua y que la audiencia inicial podría celebrarse el martes 20 de octubre.

    La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la orden de aprehensión se obtuvo después de más de 100 actos de investigación, entre diligencias de gabinete y de campo. De acuerdo con la FGR, existen indicios de que Jáuregui habría ordenado y coordinado un operativo en el que participaron ciudadanos estadounidenses sin la autorización legal correspondiente.

    La investigación se relaciona con un despliegue realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para intervenir un laboratorio clandestino. Durante el regreso de la operación, un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de cuatro personas: dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, incluido su director, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

    Según la FGR, el entonces fiscal habría permitido que los agentes extranjeros participaran en actividades reservadas a las autoridades federales mexicanas, sin contar con autorización. La dependencia sostiene que esa intervención podría constituir una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional, que establece límites a la colaboración de autoridades extranjeras en territorio mexicano.

    Godoy también señaló que los estadounidenses habían acudido en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y cuestionó que las autoridades estatales no hubieran informado oportunamente a las instancias federales sobre su presencia y participación en el operativo. La fiscalía considera que las omisiones forman parte de los elementos que sustentan la investigación.

    El caso generó controversia después de que inicialmente se presentara a los ciudadanos estadounidenses como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Días después se conoció que eran agentes de la CIA. Jáuregui renunció a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril y reconoció públicamente que hubo omisiones en la información y en la gestión institucional relacionada con los contactos con personal extranjero.

    En el procedimiento estatal, el juez impuso medidas cautelares que incluyen la entrega del pasaporte mexicano y la visa estadounidense, la prohibición de salir de Chihuahua y del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad judicial y la restricción de comunicarse con testigos. La audiencia para determinar si será vinculado a proceso por los delitos locales quedó programada para el jueves 22 de octubre.

    La defensa ha señalado que desconoce los detalles completos de la investigación federal y sostiene que el proceso ante la FGR debe desarrollarse por separado del expediente estatal. Por ahora, Jáuregui enfrenta imputaciones que deberán ser examinadas por los jueces correspondientes, sin que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

     

  • Francia anuncia toques de queda y castigos tras disturbios

    Francia anuncia toques de queda y castigos tras disturbios

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    El gobierno de Francia anunció la aplicación de toques de queda parciales y localizados, además de una “respuesta penal masiva” contra las personas responsables de saqueos y actos violentos durante las protestas del fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que las medidas buscan recuperar el orden público y proteger a la población y los comercios afectados por los disturbios registrados en distintas ciudades del país.

    Las movilizaciones del sábado 17 de octubre comenzaron en medio del descontento por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, particularmente en educación y sanidad. Sin embargo, algunas concentraciones derivaron en enfrentamientos con la policía, saqueos de establecimientos comerciales y ataques contra edificios públicos.

    Lecornu explicó que solicitó a las autoridades regionales establecer restricciones nocturnas en zonas específicas donde exista riesgo de nuevos actos violentos. El funcionario consideró que los toques de queda parciales son, por ahora, una alternativa más adecuada que declarar un estado de emergencia nacional, aunque no descartó recurrir a esa medida si la situación lo requiere.

    En París, las autoridades anunciaron restricciones nocturnas en áreas como la plaza de la República y el barrio comercial de Les Halles, donde se registraron saqueos. Las medidas también contemplan prohibiciones de concentraciones en determinados horarios. En otras ciudades, algunas restricciones se aplican a menores de edad durante la noche.

    De acuerdo con cifras oficiales difundidas el lunes, alrededor de 2 mil 400 personas fueron detenidas por los disturbios y cerca de 3 mil comercios resultaron afectados por daños o saqueos. Además, casi mil integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los enfrentamientos, mientras que un manifestante murió tras sufrir un paro cardiaco.

    El primer ministro acusó a grupos de extrema izquierda de intentar aprovechar las movilizaciones para desestabilizar al país en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para 2027. Estas declaraciones han generado críticas de representantes de la izquierda, quienes han exigido pruebas de los señalamientos y rechazado que se atribuya la violencia al conjunto de los manifestantes.

    Como parte de la respuesta, las autoridades francesas reforzarán los operativos policiales y utilizarán imágenes de cámaras de seguridad, grabaciones de comercios y publicaciones en redes sociales para identificar a las personas involucradas en los saqueos. En la región de París, alrededor de 200 investigadores participan en las tareas para localizar a los sospechosos.

    El presidente Emmanuel Macron rechazó la renuncia del ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien había asumido su responsabilidad por las deficiencias en la previsión y respuesta ante los disturbios. Macron le pidió garantizar transparencia sobre las fallas de seguridad y adoptar nuevas estrategias policiales para impedir que se repitan los hechos.

    El gobierno también anunció medidas de apoyo para los establecimientos afectados. A partir del martes, los comercios podrán recurrir a un mecanismo de desempleo parcial financiado por el Estado para proteger los puestos de trabajo mientras se recuperan de los daños materiales. Asimismo, se prevé establecer mecanismos de apoyo económico para facilitar la reanudación de sus actividades.

     

  • Sheinbaum denunciará en EU muerte de mexicano detenido por ICE

    Sheinbaum denunciará en EU muerte de mexicano detenido por ICE

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, mexicano de 56 años que falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención migratoria en Laredo, Texas. La mandataria exigió que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de los derechos humanos de los connacionales detenidos en ese país.

    Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, Sheinbaum informó que las autoridades mexicanas ya establecieron contacto con los familiares del fallecido y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizará acciones diplomáticas y jurídicas para investigar las circunstancias de su muerte.

    La presidenta explicó que Andrade Covarrubias había sido detenido en junio y que, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, padecía diabetes e hipertensión. Señaló que existe preocupación sobre si recibió los medicamentos que necesitaba durante su permanencia en el centro migratorio.

    El mexicano fue encontrado sin vida en el centro de procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas. Hasta el momento de los primeros reportes, las causas de su fallecimiento no habían sido determinadas oficialmente, por lo que el Gobierno mexicano solicitó una investigación pronta, exhaustiva y transparente.

    La Cancillería informó que el Consulado General de México en Laredo activó los protocolos de protección consular tras conocer el deceso y estableció comunicación con los familiares para brindarles acompañamiento. También pidió a las autoridades estadounidenses esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades.

    Sheinbaum sostuvo que su administración mantendrá la defensa de los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, particularmente de quienes se encuentran bajo custodia migratoria. Afirmó que el Gobierno federal está en contra de cualquier forma de racismo y reiteró que los connacionales deben recibir un trato digno y atención médica adecuada.

    La mandataria también anunció que se reforzarán los servicios de los consulados mexicanos en Estados Unidos para atender a las personas detenidas, dar seguimiento a sus condiciones de reclusión y ofrecer apoyo a sus familias. Estas acciones buscan fortalecer la protección consular y facilitar la intervención de las autoridades mexicanas ante posibles vulneraciones de derechos.

    De acuerdo con los reportes difundidos este lunes, el fallecimiento de Andrade Covarrubias eleva a 18 el número de mexicanos muertos en circunstancias relacionadas con la custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025.

    Finalmente, Sheinbaum expresó su solidaridad con la familia del fallecido y reiteró que México exigirá respuestas sobre lo ocurrido. El Gobierno federal mantendrá las gestiones diplomáticas y jurídicas hasta contar con información que permita esclarecer las circunstancias de la muerte.

     

  • Sheinbaum niega que Trump exigiera entregar a narcopolíticos

    Sheinbaum niega que Trump exigiera entregar a narcopolíticos

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, nunca ha utilizado la palabra “narcopolíticos” durante sus conversaciones telefónicas y negó que haya condicionado un acuerdo comercial a la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, la mandataria aseguró que las conversaciones entre ambos se concentran principalmente en temas de seguridad y comercio.

    Al ser cuestionada sobre las versiones de que Trump habría solicitado la entrega de políticos relacionados con organizaciones criminales como condición para avanzar en las negociaciones comerciales, Sheinbaum respondió que no ha recibido ese planteamiento. También rechazó que el mandatario estadounidense haya utilizado el término “narcopolíticos” durante sus llamadas.

    La presidenta reconoció, sin embargo, que Trump sí le ha expresado su opinión de que existen zonas de México gobernadas por los cárteles del narcotráfico. Según relató, ante esos comentarios responde directamente que esa afirmación no es cierta y expone los resultados de la estrategia de seguridad de su administración.

    Como parte de sus argumentos, Sheinbaum destacó la reducción superior a 60 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos y la disminución de aproximadamente la mitad en el número de homicidios en México. Sostuvo que estos indicadores forman parte de la información que presenta a su homólogo estadounidense durante sus conversaciones.

    La mandataria explicó que las diferencias sobre la situación de seguridad en México se abordan de manera cordial, sin confrontaciones directas. Señaló que mantiene una comunicación constante con Trump para tratar los asuntos bilaterales y que las conversaciones permiten exponer las posiciones de ambos gobiernos.

    Sheinbaum también consideró que algunas declaraciones del presidente estadounidense sobre México podrían estar relacionadas con el contexto político y electoral de Estados Unidos. En ese sentido, pidió que el país no sea utilizado como argumento en las campañas políticas estadounidenses y sostuvo que existen otros asuntos internos que requieren atención.

    Respecto a la agenda bilateral, detalló que uno de los principales intereses de Trump es reducir el ingreso de fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense. La presidenta indicó que México mantiene comunicación con las autoridades de ese país en materia de seguridad y cooperación para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.

    El segundo tema recurrente en las conversaciones, explicó, es el comercio. Trump suele plantear el déficit comercial estadounidense en sus intercambios con la mandataria mexicana, mientras ambos gobiernos mantienen negociaciones para alcanzar entendimientos en materia económica y comercial.

    La presidenta señaló que, al concluir las llamadas, los equipos de ambos países acuerdan continuar trabajando en los asuntos pendientes, particularmente en materia comercial. Reiteró que México mantiene su disposición al diálogo y la cooperación en seguridad, al tiempo que rechaza los señalamientos que considera incorrectos sobre el control territorial de las organizaciones criminales.

     

  • Jueza de Florida ordena arresto de Raúl Castro por derribo de avionetas

    Jueza de Florida ordena arresto de Raúl Castro por derribo de avionetas

    Por Juan Pablo Ojeda

     

    Una jueza de Florida firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos.

    La orden fue firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, después de una investigación de las autoridades estatales sobre el papel que habría desempeñado Castro en los hechos. La información fue reportada por el diario Miami Herald, que tuvo acceso a documentos judiciales relacionados con el caso.

    El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que realizaba vuelos para localizar y auxiliar a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos por mar.

    Las aeronaves fueron destruidas sobre aguas internacionales y sus cuatro ocupantes murieron. Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal permanente en ese país. Una tercera avioneta que participaba en la operación logró escapar.

    La investigación sostiene que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron información sobre los vuelos de la organización y la transmitieron a las autoridades de La Habana. Según los señalamientos judiciales, esos datos habrían contribuido a la operación que terminó con el derribo de las dos aeronaves civiles.

    En el momento del ataque, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y era una de las principales figuras del gobierno encabezado por su hermano Fidel Castro. Las autoridades de Florida consideran que existen elementos para acusarlo de participar en una conspiración relacionada con los asesinatos.

    La orden estatal se suma a los cargos federales presentados en mayo de 2026 contra Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en el caso. La acusación federal incluye delitos relacionados con el asesinato de ciudadanos estadounidenses, la destrucción de aeronaves y la conspiración para cometer esos crímenes.

    El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha defendido la reapertura de la investigación para buscar responsabilidades penales por los hechos ocurridos hace tres décadas. La orden de arresto podría tener consecuencias para los desplazamientos internacionales de Castro, especialmente si viaja a un territorio donde las autoridades estadounidenses puedan solicitar su detención.

    Sin embargo, la posibilidad de que el expresidente cubano comparezca ante un tribunal estadounidense permanece incierta, ya que se encuentra en Cuba. La ejecución de la orden dependerá de las circunstancias legales y de la cooperación de las autoridades correspondientes.

    El caso vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en un contexto de nuevas presiones de Washington contra el gobierno de la isla. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha rechazado anteriormente las acusaciones estadounidenses contra Castro y las ha calificado de motivaciones políticas.

     

  • SAT checará 25 organizaciones por posible evasión en 2027

    SAT checará 25 organizaciones por posible evasión en 2027

    La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, que incluye un programa de verificación y comprobación del Servicio de Administración Tributaria dirigido a quienes tributan en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Sindicatos, donatarias autorizadas, partidos políticos, grupos religiosos, asociaciones civiles y municipios quedarían bajo esa lupa si el Senado da el visto bueno. La propuesta busca comprobar que los ingresos coincidan con el objeto de cada organización y que cumplan sus obligaciones específicas, en un momento en que fiscalistas advierten esquemas de facturación y actividades fuera de lo ordinario. La sorpresa llega porque durante años esas entidades operaron con dispensas que generaron la idea de que el fisco no las miraba.

    El artículo trigésimo transitorio del dictamen manda al SAT implementar el programa y emitir reglas de carácter general con los criterios de revisión. Esas reglas podrían aparecer en la Resolución Miscelánea, una práctica que suele cerrarse en diciembre una vez que el Congreso termina su trabajo. Hasta entonces, las organizaciones tienen margen para ordenar papeles antes de que arranque el ejercicio 2027.

    Fiscalistas consultados, entre ellos José Martín Aguayo, presidente de la Comisión Representativa ante la Procuraduría del Contribuyente del Instituto Mexicano de Contaduría Pública, señalan que el SAT tiene en la mira al menos 25 organizaciones que declaran ingresos y no pagan impuestos. La atención se concentra en sindicatos que realizan actividades ajenas a su objeto, como facturar servicios de transporte para traslados de agremiados sin enterar el gravamen correspondiente. ¿Cuántas veces se ha escuchado que “el sindicato no tiene que declarar”? Esa percepción es justo lo que la iniciativa busca corregir.

    La medida forma parte de un paquete más amplio del Ejecutivo para combatir la evasión y la elusión sin crear nuevos impuestos ni subir tasas. En la exposición de motivos se recuerda que las dispensas actuales —como la exención de llevar contabilidad completa en el caso de sindicatos o las obligaciones limitadas de estados y municipios— no eliminan todas las responsabilidades fiscales. El objetivo declarado es igualar el trato ante la autoridad y reducir espacios de exclusión.

    En 2025 el SAT revocó la autorización a 270 donatarias de un padrón que supera las 10 mil, principalmente por no acreditar actividades o por fallas en requisitos documentales. Algunas fueron vinculadas a esquemas de subcontratación. La autoridad ha sostenido que las decisiones son técnicas y que las organizaciones conservan el derecho de audiencia. El programa de 2027 extendería esa lógica de verificación de sustancia —no solo de formas— a un universo más amplio que incluye partidos y agrupaciones religiosas.

    Desde febrero de 2027, sindicatos y partidos también deberán publicar mensualmente sus licitaciones, adjudicaciones directas y contratos, en lugar de hacerlo cada tres meses, según un acuerdo del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. La transparencia contractual y la fiscalización tributaria avanzan en paralelo.

    Para las organizaciones, lo que cambia es la intensidad de la revisión: el SAT cruzará ingresos, gastos y destino de recursos contra el objeto social. Quienes dependan de donativos deducibles deberán demostrar de forma permanente que los usan en las actividades autorizadas. Los partidos y grupos religiosos enfrentarán el mismo estándar de congruencia. La recomendación práctica de los fiscalistas es realizar en lo que resta de 2026 una revisión preventiva integral de expedientes, contratos y flujos.

    El cierre del ciclo depende del Senado. Si aprueba el dictamen, el programa entra en operación en 2027 con reglas que el SAT publicará. Si no, las dispensas actuales se mantienen. En ambos escenarios, el mensaje de Hacienda es el mismo: recaudar más cerrando huecos en lugar de crear cargas nuevas. La meta de ingresos tributarios se proyecta en un máximo histórico de 15.9 % del PIB.

    Al final, la pregunta que queda en la mesa es sencilla y se puede hacer en cualquier junta o asamblea: si el SAT empieza a pedir cuentas de lo que entra y sale en sindicatos, donatarias y partidos, ¿quién tiene los papeles en orden y quién todavía confía en que “a nosotros no nos toca”?

  • Asesinan a Arturo Marín aspirante de Morena en Cuajinicuilapa Guerrero

    Asesinan a Arturo Marín aspirante de Morena en Cuajinicuilapa Guerrero

    Un ataque armado perpetrado este sábado en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, derivó en el homicidio de Arturo Marín Acevedo, abogado, líder ganadero y aspirante registrado por el partido Morena a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación. Durante la agresión, registrada sobre la calle San Nicolás del primer cuadro de la localidad, su esposa resultó con heridas de gravedad por proyectil de arma de fuego.

    De acuerdo con los partes policiales iniciales, las víctimas transitaban a bordo de una camioneta gris cuando sujetos armados a bordo de otro vehículo se aproximaron y efectuaron múltiples disparos de manera directa hacia la cabina del conductor. Marín Acevedo perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos debido a la severidad de los impactos recibidos.

    Paramédicos locales brindaron los primeros auxilios a la esposa del aspirante y procedieron a su traslado de emergencia a un centro hospitalario de la región de la Costa Chica, donde permanece bajo supervisión médica especializada y con pronóstico reservado. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional desplegaron un operativo de acordonamiento en el perímetro del crimen.

    El ataque ocurrió ocho días después de que Marín Acevedo formalizara su inscripción en el proceso interno de Morena, hito que hizo público el pasado 9 de octubre a través de sus canales oficiales para buscar la representación política en el municipio. La víctima era además sobrino del exalcalde Alejandro Marín y mantenía liderazgo en el sector ganadero regional.

    Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero se apersonaron en la escena para la recolección de indicios balísticos y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Las autoridades ministeriales no informaron de personas detenidas en las horas posteriores al despliegue operativo.

    Datos de registros locales de seguridad señalan que en la región de la Costa Chica de Guerrero se ha registrado un incremento en los episodios de violencia focalizada contra actores del sector agrario y político. El cuerpo de la víctima fue retirado por las autoridades forenses para la realización de las diligencias de ley.

    Hasta el cierre del reporte, las corporaciones de seguridad mantienen patrullajes en los accesos carreteros y periferia de Cuajinicuilapa para dar con los responsables del ataque. Las autoridades locales no han emitido una declaración oficial sobre la línea de investigación prioritaria en el caso.

     

  • Cierran puertos en cinco estados por el huracán Trudy; frente frío bajará la temperatura

    Cierran puertos en cinco estados por el huracán Trudy; frente frío bajará la temperatura

    La Coordinación Nacional de Protección Civil oficializó el cierre preventivo de puertos marítimos en cinco estados de la costa del Pacífico —Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Guerrero— ante el avance del huracán Trudy, categorizado en nivel 2, en combinación con los efectos de la masa de aire polar del Frente Frío número 2. La interacción hidrometeorológica genera oleajes de entre cuatro y seis metros de altura e intensas rachas de viento sobre el litoral mexicano.

    La suspensión de operaciones afecta a dos categorías de navegación marítima. Para embarcaciones menores, las actividades quedaron clausuradas en Barra de Navidad y Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima), La Cruz de Huanacaxtle y Chacala (Nayarit), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Zihuatanejo (Guerrero). En cuanto a buques de gran calado y embarcaciones mayores, las operaciones comerciales y de transporte se interrumpieron totalmente en Manzanillo, Puerto Vallarta y Lázaro Cárdenas.

    El reporte meteorológico ubica al centro del huracán Trudy al oeste de la costa de Jalisco, desplazando bandas nubosas con potencial de lluvias puntuales muy fuertes en dicha entidad y en Colima. De acuerdo con los modelos cinemáticos, el sistema mantiene una trayectoria paralela a la franja costera con rachas sostenidas que superan los 150 kilómetros por hora cerca del ojo del fenómeno.

    De forma simultánea, el Frente Frío número 2 y su masa de aire polar asociada provocan un descenso térmico acentuado en la mayor parte del territorio nacional. Este sistema interacciona con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un canal de baja presión y un flujo constante de humedad procedente de ambos océanos, lo que deriva en una severa inestabilidad atmosférica regional.

    Las precipitaciones acumuladas proyectadas alcanzarán niveles de lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco y el noreste de Oaxaca. Asimismo, se pronostican lluvias puntuales torrenciales en el noroeste de Chiapas, y lluvias puntuales fuertes en el sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

    Los registros de Protección Civil señalan que el incremento en el nivel de ríos y arroyos en las zonas bajo alerta máxima podría superar losumbrales de desbordamiento en un periodo de 12 a 24 horas. El impacto en las rutas terrestres abarca la posible interrupción de tramos carreteros por deslaves en zonas montañosas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

    Ante el nivel de riesgo hidrometeorológico, las autoridades federales instaron a la población a evacuar zonas de cauce hídrico, evitar el tránsito vehicular en áreas inundadas y resguardarse en refugios temporales habilitados. Se instruyó además asegurar estructuras endebles o techos de lámina y alejarse del tendido eléctrico para minimizar pérdidas humanas y materiales.