El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de reforma constitucional que plantea establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la capital, en una votación que mostró una división entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la medida y sus posibles efectos para la población binacional.
Durante la sesión del 29 de septiembre, el Congreso capitalino actuó como integrante del Constituyente Permanente y avaló el proyecto con 44 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para continuar con el proceso de reforma constitucional. La minuta fue remitida por el Senado de la República a los congresos de las 32 entidades federativas para su análisis y eventual aprobación.
La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El Congreso local precisó que la propuesta se refiere específicamente a quienes pretendan ejercer estos cargos, no a la eliminación general de la doble nacionalidad.
El tema generó posiciones encontradas en el pleno. Legisladores de Morena defendieron que la medida busca establecer una condición de nacionalidad única para quienes ocupen los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad y sostuvieron que esto no implicaría eliminar los derechos político-electorales de los mexicanos que viven en el extranjero ni prohibir la doble nacionalidad para la población en general.
En contraste, legisladores del PAN plantearon que la doble nacionalidad constituye un derecho de los mexicanos y cuestionaron que contar con una segunda nacionalidad pueda utilizarse como criterio para limitar el acceso a cargos de elección popular. Claudia Susana Pérez Romero y Raúl de Jesús Torres Guerrero defendieron mantener la posibilidad de que ciudadanos binacionales puedan participar políticamente sin que esa condición disminuya su calidad de mexicanos.
La postura del PRI también introdujo el componente migratorio al debate. La diputada Tania Larios Pérez cuestionó que la discusión pueda derivar en una estigmatización de quienes tienen otra nacionalidad y destacó la relevancia económica de las remesas enviadas por mexicanos residentes en otros países. El Congreso capitalino recogió así una de las principales controversias de la reforma: diferenciar entre la nacionalidad de una persona y los requisitos específicos para ocupar determinados cargos públicos.
Desde el PVEM, Rebeca Peralta León sostuvo que la reforma busca establecer una condición de confianza y lealtad institucional para quienes encabecen los poderes ejecutivos. La Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, por su parte, respaldó que quienes gobiernen a nivel federal o estatal tengan una responsabilidad exclusiva con el Estado mexicano.
El debate no es menor porque el artículo 32 constitucional ya contempla reglas específicas para determinados cargos y establece que la legislación debe regular el ejercicio de derechos de mexicanos que poseen otra nacionalidad, además de prever reservas para ciertas funciones públicas. Por ello, el alcance concreto de la nueva modificación dependerá del texto constitucional que finalmente sea aprobado y promulgado, así como de su articulación con el resto del marco jurídico.
La aprobación en la Ciudad de México no significa por sí misma que la reforma haya concluido su proceso constitucional. Al tratarse de una modificación a la Carta Magna, requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y posteriormente el cumplimiento de las etapas federales correspondientes. El Congreso capitalino se sumó así a la discusión nacional que deberá definir si la condición de nacionalidad única se incorpora definitivamente a los requisitos para estos cargos.
El punto central de la controversia queda, por tanto, entre dos planteamientos: por un lado, quienes consideran que la nacionalidad única para los titulares de los poderes ejecutivos puede funcionar como una condición de soberanía y responsabilidad institucional; por otro, quienes advierten que establecer esa limitación puede afectar la participación política de mexicanos con doble nacionalidad. Ambas posiciones formaron parte del debate registrado en el Congreso de la Ciudad de México.
Fuente: Congreso de la Ciudad de México; Senado de la República; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
