Ciudad de México.— Los problemas de morosidad, deterioro de áreas comunes, registro irregular y falta de medidas de protección civil en unidades habitacionales llevaron al Congreso de la Ciudad de México a plantear un paquete de cuatro iniciativas para reformar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles. Las propuestas buscan modificar reglas de pago, registro, prevención de riesgos y armonización jurídica, aunque su eventual aplicación implicaría definir mecanismos de operación y garantías para evitar nuevos conflictos entre habitantes.
El diputado Omar Alejandro García Loria presentó las iniciativas durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino del pasado 10 de septiembre, con el argumento de que las disposiciones vigentes requieren ajustes frente a problemas cotidianos que enfrentan quienes viven bajo el régimen condominal.
Una de las propuestas plantea establecer mecanismos para incentivar el pago oportuno de las cuotas de mantenimiento. El proyecto contempla que quienes sean considerados “morosos calificados” no puedan celebrar nuevos contratos de arrendamiento, subarrendamiento, comodato u otras formas de cesión remunerada del uso y goce de una vivienda mientras mantengan adeudos.
La iniciativa define como moroso calificado al condómino o poseedor que acumule dos o más cuotas ordinarias consecutivas, o una cuota extraordinaria aprobada por los condóminos, una vez vencido el plazo establecido para cubrirla. El planteamiento busca trasladar parte de las consecuencias de la morosidad al ámbito de los contratos sobre el inmueble.
El paquete también contempla simplificar el registro y reconocimiento de los condominios, con la participación de las alcaldías desde la construcción de los inmuebles. García Loria sostuvo que los procedimientos actuales pueden resultar lentos y complejos, lo que dificulta que las autoridades tengan un diagnóstico completo sobre las unidades habitacionales existentes y sus necesidades.
De acuerdo con los datos expuestos por el legislador, en la Ciudad de México existen más de 10 mil unidades habitacionales, donde habitan alrededor de 3.5 millones de familias. El Congreso local señaló que, ante el crecimiento de este modelo de vivienda, contar con información actualizada permitiría mejorar la planeación y atención de servicios y mantenimiento.
Una tercera iniciativa se enfoca en la protección civil dentro de las unidades habitacionales. La propuesta pretende que los dictámenes técnicos de riesgo y los programas internos de protección civil tengan un papel preventivo más amplio, en lugar de operar únicamente como mecanismos aplicables en determinados supuestos.
Durante la presentación, el diputado señaló que, de acuerdo con la investigación realizada para sustentar sus propuestas, solamente 30 unidades habitacionales contarían con un programa interno de protección civil registrado, frente a un universo reportado de más de 10 mil. De confirmarse esa proporción, representaría una cobertura cercana a 0.3 por ciento, lo que plantea un reto relevante en materia de prevención y coordinación institucional.
La cuarta iniciativa busca armonizar y actualizar el marco jurídico condominal, bajo el argumento de que las reglas actuales no responden completamente a situaciones como el deterioro de espacios comunes, conflictos vecinales, problemas administrativos y gastos compartidos. La propuesta parte de la necesidad de revisar las disposiciones para adecuarlas a las condiciones actuales de la vivienda en régimen de condominio.
García Loria vinculó el paquete legislativo con las demandas recogidas durante el foro “Vivir en Unidad, Vivir con Dignidad”, realizado por el Congreso capitalino el 27 de febrero, así como con recorridos en unidades habitacionales. Entre las problemáticas identificadas, mencionó adeudos de mantenimiento, deterioro de áreas comunes, conflictos entre vecinos y dificultades relacionadas con las administraciones condominales.
Las cuatro propuestas representan un intento de atender distintos componentes de la vida condominal desde el marco legal; sin embargo, su alcance dependerá del análisis legislativo, las modificaciones que eventualmente se incorporen y, en caso de aprobación, de las reglas y mecanismos necesarios para su aplicación. En particular, la restricción para celebrar contratos a personas con adeudos y la simplificación del registro requerirán definiciones precisas para determinar procedimientos, responsabilidades y mecanismos de cumplimiento.
Fuente: Congreso de la Ciudad de México.
