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Pío López Obrador abrió este 6 de octubre dos frentes simultáneos: en el terreno político, formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez; en el ámbito judicial, su defensa informó sobre un amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la demora para determinar si ejercerá acción penal en una investigación en la que aparece como víctima.

El registro constituye un paso dentro del procedimiento interno de Morena rumbo a las elecciones federales de 2027. López Obrador anunció que participará en la contienda interna mediante el mecanismo definido por su partido y manifestó que su decisión responde, según sus propias palabras, a un “compromiso moral” con el movimiento político que encabezó su hermano y con Chiapas, entidad en la que ha desarrollado parte de su trayectoria.

El aspirante, identificado públicamente como uno de los fundadores de Morena en Chiapas, busca encabezar los trabajos partidistas correspondientes al Distrito 9, con la expectativa de avanzar posteriormente hacia la candidatura a una diputación federal. El registro, sin embargo, no equivale todavía a una candidatura definitiva, pues el proceso interno contempla la definición del perfil que representará al partido en esa demarcación.

En paralelo, su representación legal informó que presentó una demanda de amparo indirecto contra la FGJCDMX por la supuesta dilación del Ministerio Público para determinar si ejerce o no acción penal dentro de la carpeta FIEAE/C/UI-1C/D/79/03-24. El recurso fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México y quedó registrado con el expediente 1046/2026.

De acuerdo con la información disponible sobre el expediente, el acto reclamado es precisamente la demora en emitir una determinación ministerial. El juzgado admitió el amparo y programó la audiencia constitucional para el 10 de noviembre de 2026, a las 11:20 horas. Como parte del procedimiento, la autoridad ministerial deberá rendir el informe correspondiente sobre la situación de la carpeta.

La información judicial difundida hasta ahora no establece públicamente quiénes son las personas investigadas, cuáles son los hechos concretos denunciados ni cuál es el delito que eventualmente podría configurarse. Por ello, la existencia del amparo únicamente permite documentar la inconformidad de López Obrador por la falta de una determinación, pero no permite concluir que exista una responsabilidad penal contra alguna persona.

El caso adquiere relevancia adicional por los antecedentes públicos de Pío López Obrador relacionados con los videos difundidos en 2020 y 2021 en los que aparece recibiendo dinero en efectivo. La difusión de esas imágenes generó una controversia política y judicial que involucró al propio López Obrador y al periodista Carlos Loret de Mola; sin embargo, la carpeta de investigación mencionada en el nuevo amparo no ha sido públicamente vinculada, en la información judicial disponible, con esos hechos.

De manera adicional, medios de comunicación reportaron que existe otro frente judicial relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), también por una presunta demora para determinar el ejercicio de la acción penal. Se trata de un procedimiento distinto al promovido contra la Fiscalía capitalina, por lo que ambos asuntos deben analizarse por separado hasta que las autoridades judiciales o ministeriales hagan públicos mayores elementos.

Así, el movimiento de Pío López Obrador combina una nueva incursión electoral con la exigencia de una definición de autoridades ministeriales respecto de una investigación en la que asegura tener la calidad de víctima. En el primer caso, su registro apenas abre la ruta hacia una eventual candidatura; en el segundo, el amparo será el mecanismo mediante el cual un juez federal revisará la actuación de la autoridad señalada por la defensa como responsable de la demora.

El desarrollo de ambos procesos dependerá de decisiones institucionales distintas: Morena deberá continuar con su procedimiento interno para definir candidaturas rumbo a 2027, mientras que el Poder Judicial Federal deberá revisar los argumentos del amparo y los informes que presente la Fiscalía capitalina. Hasta que existan resoluciones definitivas, cualquier interpretación sobre responsabilidades penales o sobre el resultado electoral del aspirante sería prematura.