El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) identificó una presunta red de cinco empresas que habrían simulado competencia para obtener contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante la venta de materiales electorales a organismos electorales de distintas entidades del país.
Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, explicó que las compañías comparten socios, representantes legales y apoderados, pese a que aparentemente participaban como competidoras en los procedimientos de contratación.
«Nosotros hemos detectado que al menos desde 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han simulado competencia y recibieron contratos por alrededor de dos mil 461 millones de pesos», señaló el funcionario.
De acuerdo con el contralor, el esquema habría permitido que las compañías concentraran contratos para abastecer de materiales electorales tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
¿Cuáles son las cinco empresas señaladas por la Contraloría del INE?
Durante su comparecencia, Carvente Contreras identificó a las siguientes compañías como parte del grupo que presuntamente simuló competencia en las contrataciones de material electoral:
- Cajas Graf.
- Corporativo ZEG.
- Comercializadora JVLY.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
Según el desglose presentado por el titular del OIC, estas empresas recibieron contratos por los siguientes montos entre 2014 y 2025:
| Empresa |
Monto de contratos |
| Cajas Graf |
1,072.8 millones de pesos |
| Formas Finas y Materiales |
815.9 millones de pesos |
| Corporativo ZEG |
278.7 millones de pesos |
| Comercializadora JVLY |
208.3 millones de pesos |
| Seriplast de México |
85.1 millones de pesos |
| Total |
2,461 millones de pesos |
Las cifras corresponden al valor de los contratos identificados por el órgano de control y no representan, por sí mismas, un daño patrimonial determinado.
¿Cómo operaba la presunta red de empresas vinculadas?
Uno de los principales hallazgos expuestos por el contralor fue que las compañías compartían representantes legales y socios, aunque participaban en los mismos procedimientos como si fueran empresas independientes.
De acuerdo con la explicación de Carvente Contreras, el mecanismo consistía en presentar cotizaciones con precios elevados para modificar las referencias económicas de los concursos, provocar que algunas propuestas fueran descartadas y favorecer a otra compañía vinculada con el mismo grupo.
El funcionario describió el procedimiento de la siguiente manera:
«Nos ponemos de acuerdo, dos inflamos el precio, elevamos la mediana, descalifican a la más baja y resulta ganadora la que tuvo la propuesta más alta».
El análisis del OIC incluyó la revisión de 106 contrataciones de material electoral y 53 procedimientos de licitación pública, con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, el contralor señaló que algunos productos llegaron a registrar incrementos de precios de hasta 88 veces entre 2021 y 2024, según los hallazgos presentados ante los legisladores.
¿Qué nombres aparecen relacionados con las empresas?
Otro aspecto señalado durante la comparecencia fue la coincidencia de personas en las estructuras corporativas de las compañías.
Entre los nombres mencionados por el funcionario y en la información sobre los vínculos empresariales se encuentran:
- Raymundo Francisco Hernández Casillas: señalado como una persona vinculada con las cinco estructuras empresariales.
- Fernando Edgardo Hermosilla Contreras: relacionado con Cajas Graf, Corporativo ZEG y las dos empresas Seriplast mencionadas en la documentación corporativa.
- José Antonio Carranza Fernández: vinculado con Formas Finas y Materiales y las empresas Seriplast.
- Alejandro Olaya Ortiz: relacionado con Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México Informática.
- José Alfredo Hernández Casillas: aparece vinculado con Cajas Graf y las empresas Seriplast.
También figuran otros nombres en las estructuras corporativas, entre ellos César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Patricia Velázquez Sánchez, Guillermo Mark Arciniega Kunz, Raquel Alejandra Fernández Ibarguengoitia y Laura Velázquez Sánchez.
El señalamiento de estos vínculos corporativos no constituye por sí mismo una resolución de responsabilidad administrativa o penal contra las personas mencionadas.
¿Qué contratos obtuvieron las empresas para material electoral?
Las compañías señaladas participaron en contrataciones relacionadas con la fabricación y suministro de materiales utilizados durante los procesos electorales.
Entre los antecedentes expuestos se encuentran contratos de Formas Finas y Materiales con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en 2011, y posteriormente con el INE, en 2016, para cajas y empaques destinados al embalaje y transporte de boletas electorales.
Por su parte, Seriplast de México formalizó contratos con el INE en 2015 para la adquisición de material electoral.
En 2019, Cajas Graf también obtuvo contratos relacionados con la elección extraordinaria de Puebla.
El alcance de las operaciones no se limitó al organismo nacional. Según el contralor, las compañías también abastecieron a distintos institutos electorales locales, entre ellos los de Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Durango, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Sonora, Chihuahua y Zacatecas.
Contraloría del INE mantiene investigaciones por presuntas irregularidades
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras también informó sobre el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones del instituto.
El titular del OIC señaló que existen 18 expedientes abiertos: 13 permanecen en etapa de investigación y cinco ya pasaron a procedimientos de responsabilidad administrativa.
En estos últimos casos se notificó a los servidores públicos involucrados para iniciar las audiencias correspondientes por posibles faltas graves.
El funcionario explicó que las indagatorias contemplan posibles conflictos de interés y el ocultamiento de este tipo de situaciones durante los procedimientos de contratación.
Los señalamientos forman parte de las investigaciones que realiza el órgano de control y todavía deben seguir los procedimientos correspondientes para determinar si existieron responsabilidades.
La comparecencia permitió conocer el alcance de las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales, un mercado en el que cinco compañías habrían concentrado operaciones por 2 mil 461 millones de pesos durante más de una década.
